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3 de julio de 2026 - 12:44 País.

Sin cuota no hay Mundial: Argentina vetó a 13.000 padres deudores

La medida forma parte del programa Tribuna Segura, que este año incorporó a las personas inscriptas en los registros de deudores alimentarios de todo el país

Los argentinos que adeuden la cuota alimentaria de sus hijos e hijas no podrán ingresar a los estadios donde se disputa el Mundial. La restricción alcanza a unas 13.000 personas y se enmarca en el programa Tribuna Segura, una herramienta destinada a prevenir hechos de violencia y controlar el acceso a los partidos.

La iniciativa se aplica en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad entre Argentina y Estados Unidos. La lista enviada a la Embajada estadounidense incluye aproximadamente a 34.000 personas con distintos tipos de restricciones, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.

Del total, cerca de 13.000 figuran en los registros de deudores alimentarios. La resolución establece que los datos solamente podrán utilizarse durante el campeonato y hasta un máximo de cinco días después de su finalización.

Cómo se realizarán los controles en los estadios

El programa Tribuna Segura fue creado mediante la Resolución 354/2017. El sistema permite escanear documentos de identidad en los accesos y cruzar la información en tiempo real con diferentes bases de datos.

Durante años, el mecanismo se utilizó exclusivamente para detectar a personas con causas penales, restricciones judiciales o antecedentes vinculados con hechos de violencia.

En marzo de 2025, la Ciudad de Buenos Aires incorporó a los deudores alimentarios entre las personas impedidas de ingresar a los estadios. Posteriormente, en mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad extendió la restricción a los deudores de todo el país mediante la Resolución 429/2026.

“En México, Canadá y Estados Unidos directamente les escanean el pasaporte en los estadios y, si están restringidos, no ingresan”, explicó Erica Pérez, abogada de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Siete de cada diez mujeres no reciben la cuota alimentaria

Según un informe del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, siete de cada diez mujeres no reciben la cuota alimentaria correspondiente.

El documento indica que este tipo de violencia económica es ejercida en el 98% de los casos por varones. Además, solamente el 30% de los acuerdos homologados judicialmente se cumple, mientras que el 70% restante no es respetado.

El incumplimiento obliga a las madres a afrontar de manera unilateral los gastos relacionados con la crianza, alimentación, educación y salud de sus hijos e hijas.

Esta situación también profundiza la desigual distribución de las tareas de cuidado, afecta el patrimonio de las mujeres y condiciona sus proyectos de vida.

De las multas económicas a las medidas coercitivas

Antes de la reforma del Código Civil de 2015, las medidas contra los deudores eran principalmente sancionatorias. Entre ellas se encontraban las multas económicas conocidas como astreintes, que resultaban poco efectivas porque algunos padres preferían pagar la sanción antes que cumplir con la cuota alimentaria.

La reforma incorporó el artículo 553, que permite a los jueces disponer medidas razonables y proporcionales para obligar al cumplimiento. Estas restricciones buscan afectar directamente actividades o intereses que el deudor no quiere perder.

“Las medidas son efectivas porque van directamente a lo que más les gusta hacer. Cuando las multas no alcanzan, la Justicia empieza a restringir aquello que el deudor no quiere perder. El objetivo no es castigar, sino torcer la voluntad del deudor para que cumpla con sus hijos”, explicó Pérez.

La abogada sostuvo que las medidas coercitivas se aplican como último recurso, después de agotar otras instancias destinadas a conseguir el pago.

Propondrán cambios en el Proyecto del Registro de Deudores Alimentarios

Las restricciones aplicadas por la Justicia

En distintos casos, los tribunales ordenaron trabajos comunitarios, la suspensión de la licencia de conducir y la prohibición de asistir al gimnasio, participar en carnavales o concurrir a espectáculos deportivos.

También se llegó a incorporar el monto de la cuota alimentaria dentro de la factura de electricidad. De esta manera, cuando el progenitor no paga la manutención, también se expone al corte del servicio.

“Se va viendo cómo progresan y se amplían las restricciones a medida que se innova, porque son propuestas de los propios colegas o de las mamás, que conocen quién es el deudor”, detalló Pérez.

Uno de los primeros fallos ocurrió en 2016 contra un hombre que trabajaba como remisero. Como la Justicia no podía quitarle la licencia de conducir porque necesitaba el vehículo para trabajar, un juez ordenó que fuera detenido en una comisaría durante los fines de semana.

La medida establecía que debía permanecer detenido desde las 18 del viernes hasta las 6 del lunes, momento en el que recuperaba la libertad para regresar a su actividad laboral.

En otro caso ocurrido en la provincia de Buenos Aires, un juez dispuso que un policía permaneciera durante una semana frente a la vivienda del deudor para seguirlo e informar al juzgado sobre su actividad económica. El hombre trabajaba informalmente y se negaba a declarar a qué se dedicaba.

El reclamo puede alcanzar a otros familiares

Cuando el progenitor demuestra una verdadera imposibilidad de afrontar el pago, la legislación permite reclamar la cuota alimentaria a familiares subsidiarios.

El pedido puede alcanzar a los abuelos paternos, tíos e incluso al cónyuge o pareja actual del progenitor, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Aunque las restricciones han demostrado ser efectivas, los registros de deudores alimentarios continúan creciendo mes a mes. Esto se relaciona con el aumento de madres que deciden iniciar procesos judiciales para contar con herramientas que les permitan cobrar la manutención.

La experiencia argentina también fue tomada como referencia por otros países, entre ellos México, especialmente por la aplicación de medidas innovadoras destinadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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