Un trabajador de 49 años, acusado de haber cometido dos episodios de abuso sexual simple contra una colega, accedió a la suspensión del proceso judicial a prueba, una medida conocida como probation, por el plazo de dos años. La decisión quedó en manos de la jueza Gabriela González, del Distrito Judicial del Centro.
Esta magistrada entendió que estaban dadas las condiciones previstas por la ley para otorgarle este beneficio. Los hechos que dieron origen a la denuncia tuvieron lugar en la sede de una compañía dedicada al servicio de agua, ubicada en General Güemes, Salta.
El hombre señalado cumplía funciones como operario, en tanto que la denunciante integraba el personal encargado de la higiene del predio. La acusación contempla dos casos de abuso sexual simple en concurso real, una figura jurídica que implica que ambos sucesos se analizan como delitos distintos, aunque formen parte de una misma causa penal.
En el transcurso de la audiencia, se le explicaron a la denunciante las implicancias de la decisión judicial. Tras recibir esa información, dio su conformidad tanto al resarcimiento monetario propuesto por el imputado como a las disculpas que expresó ante las autoridades judiciales. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la fiscal Elisa Pérez.
Las reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años
Para mantener vigente la probation, el imputado deberá cumplir distintas pautas de conducta a lo largo de los dos años que dure la medida. Como parte de esas condiciones, tendrá que declarar un domicilio y notificar cualquier modificación, así como quedar bajo la supervisión de la Secretaría de Reglas de Conducta.
Además, la disposición judicial le exige abstenerse de incurrir en nuevos hechos delictivos, consumir drogas o hacer un uso abusivo de bebidas alcohólicas. También deberá respetar una restricción de acercamiento hacia la denunciante y evitar toda forma de comunicación con ella.
Entre las pautas fijadas por la Justicia también figura la obligación de iniciar asistencia psicológica, siempre que sea aceptado, a través del Programa de Intervención con Hombres que Ejercieron Violencia de Género.
Por otra parte, el imputado tendrá que cumplir labores de carácter solidario en el hogar de adultos mayores del Hospital Joaquín Castellanos, en General Güemes. Deberá destinar ocho horas por mes a esa actividad durante doce meses, hasta completar 96 horas de servicio comunitario.
Deberá pagar una reparación económica en 24 cuotas
Como parte de los requisitos establecidos para sostener la suspensión del juicio a prueba, el imputado deberá resarcir económicamente a la denunciante.
La magistrada determinó que el pago se realice en 24 mensualidades consecutivas, por el importe que el hombre propuso en la audiencia. El cronograma comenzará en octubre de este año, aunque no trascendió el valor total de la compensación acordada.
La continuidad de la probation dependerá de que el imputado respete cada una de las pautas impuestas por la Justicia. Este mecanismo no implica que la persona haya sido declarada inocente ni que exista una condena en su contra, sino que establece la paralización del trámite penal mientras se cumplan ciertas obligaciones, bajo la supervisión de las autoridades competentes.
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