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SUSCRIBITEEn el Ejecutivo piensan activarlo luego del Pacto de Mayo. Admiten que tendrán que acordar con Unión por la Patria para conseguir los dos tercios necesarios.
Los pliegos deberán pasar por comisión y estarán sujetos a audiencia pública previo a llegar al recinto.
El Gobierno quiere poner en marcha los pliegos de nominación para la Corte Suprema referentes al juez federal de Comodoro Py, Ariel Lijo, y al abogado y académico Manuel José García-Mansilla en la Cámara Alta tras la ratificación del acuerdo de Mayo. Quieren evitar cualquier interferencia con las conversaciones sobre la Ley Ómnibus, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el acuerdo fiscal.
En Casa Rosada, los miembros del equipo gubernamental anticipan que enfrentarán discusiones intensas con el sector político vinculado al kirchnerismo. El partido en el poder requiere el respaldo de dos tercios de los senadores presentes (siendo su representación en dicha cámara mínima) para conseguir la aprobación de los documentos de nominación.
Por lo tanto, admiten la necesidad de llegar a acuerdos con algún sector dentro del grupo parlamentario de Unión por la Patria, ahora transformado en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular, liderado por José Mayans. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, aún no ha recibido directrices de la Casa Rosada respecto a la estrategia a seguir en relación con el tratado.
Además afirman que contarán con el respaldo de los 13 legisladores pertenecientes a la Unión Cívica Radical, los 7 del PRO y los 6 integrantes de Unidad Federal y Cambio Federal. El Ejecutivo admite la necesidad de entablar negociaciones y no descarta realizar concesiones. Entre las posiciones judiciales vacantes que deben cubrirse se encuentra la del procurador general de la Nación, actualmente ocupada de manera interina por Eduardo Casal.
Los pliegos de nominación de Lijo y García-Mansilla deberán ser revisados por la comisión correspondiente y someterse a una audiencia pública antes de ser debatidos en el pleno. Este es el procedimiento en el que el partido en el poder anticipa mayores dificultades para los candidatos que intenta promover.
Dentro del Ejecutivo admiten que enfrentarán resistencia por parte de Unión por la Patria en relación con la designación de Lijo, y buscarán alcanzar un consenso para avanzar en la sustitución, debido a la jubilación, del juez supremo Juan Carlos Maqueda por García-Mansilla.
En los pasillos de la Casa Rosada, se rumorea acerca de posibles opciones adicionales para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco en 2021, y aún no han establecido el plan de acción para las negociaciones.
Se observa una similitud con la situación que enfrentó el partido en el poder durante la elección de autoridades del Senado, donde finalmente obtuvo la aprobación con 39 votos a favor y 29 abstenciones, tras una serie de negociaciones complicadas. Carolina Losada asumió como vicepresidenta primera, mientras que la vicepresidencia de la Cámara quedó reservada para Unión por la Patria.
La Corte Suprema está operando con cuatro de los cinco miembros que debería tener desde 2021, incluyendo al presidente Horacio Rosatti y a los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Ayer, el Gobierno anunció el envío de los documentos de nominación a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, donde se mencionó la próxima jubilación de Maqueda debido a que alcanzará los 75 años, la edad máxima estipulada por la Constitución para ocupar el cargo de magistrado.
“El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema durante 20 años”, expresa el texto.
En las oficinas gubernamentales de Balcarce 50, argumentan que el juez supremo debería haber solicitado una prórroga el año pasado si tenía la intención de permanecer en su cargo en la Corte Suprema.
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