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SUSCRIBITETras un pedido de la Cámara Federal de Bs. As. para que se resuelva el estado procesal del expresidente y otros, se programó una audiencia para el 4 de julio.
Causa Seguros: el juez Casanello ampliará la indagatoria a Alberto Fernández.
La Cámara Federal de Buenos Aires dispuso que se defina la situación judicial de todos los implicados en la causa de los seguros, mientras que el juez Sebastián Casanello ya había citado al expresidente Alberto Fernández para ampliar su declaración indagatoria por presunta corrupción. Sin embargo, el plazo es muy breve: fue convocado para este viernes 4 de julio a las 10 de la mañana.
Esta convocatoria se produjo luego de que Fernández se presentara voluntariamente ante el tribunal hace dos días, manifestando su intención de ampliar su testimonio. El jueves pasado, la Cámara Federal, con mayoría de votos, ordenó dejar sin efecto las inhibiciones generales de bienes que pesaban en la causa por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos suscritos con Nación Seguros SA.
Esta medida afectaba a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y otros acusados. Además, los jueces solicitaron que el magistrado Casanello resuelva con rapidez la situación procesal de los imputados, quienes ya fueron indagados, pero aún falta definir si serán procesados o no.
El pasado 9 de abril, el juez Casanello decidió nuevamente bloquear los bienes de Alberto Fernández y de los intermediarios vinculados a la supuesta estafa relacionada con los contratos que entidades estatales firmaron con Nación Seguros, donde se habrían pagado comisiones que superan los 3.000 millones de pesos.
Entre los involucrados se encuentran Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y su esposa María Cantero, quien fue secretaria privada de Fernández. Esta decisión fue recurrida, y la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, compuesta por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, determinó, por mayoría de votos de los dos primeros magistrados, dejar sin efecto la resolución que ordenaba dicha medida cautelar.
En esa misma decisión, la Cámara solicitó al juez Casanello que “emita a la brevedad posible una resolución respecto al estado procesal de los imputados”. Antes de esta determinación, Alberto Fernández se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py y expresó su voluntad de ampliar su declaración indagatoria ante el juez Casanello. Por otro lado, cuando acudió ante el juez Julián Ercolini, optó por no responder interrogantes y buscó apartar al magistrado.
En esta causa, que estuvo bajo la investigación inicial del juez Julián Ercolini, el ex presidente está acusado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de realizar negociaciones incompatibles con su cargo público.
El caso incluye un polémico decreto firmado por Fernández, 45 contratos vinculados, 25 intermediarios del sector de seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que operó como entidad financiera y un presunto direccionamiento en la adjudicación de los contratos. Todo ello forma parte de lo que la justicia calificó como una “estructura criminal” destinada a desviar fondos públicos hacia intereses privados.
En este expediente, cuarenta individuos fueron citados a declarar luego de ser formalmente acusados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Los brokers de seguros, sostiene la causa, “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Aunque Ercolini interrogó a todos los involucrados, el juez Casanello, quien tomó el caso a principios de este año, aún no ha emitido una resolución. De forma inesperada, ahora ha convocado a Fernández para este viernes.
De acuerdo con información obtenida por colegas de Clarín de fuentes judiciales, en esta fase continúan las diligencias complementarias. Entre ellas se encuentra el análisis de las comunicaciones del teléfono de Alberto Fernández y posibles intercambios con Héctor Martínez Sosa y María Cantero, mediante la búsqueda de términos específicos.
Casanello consideró que, dada la gravedad de los hechos investigados y las posibles sumas económicas implicadas, era imprescindible volver a trabar el embargo sobre los bienes de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero, Alberto Pagliano, Pablo Torres García, Oscar Castello, Ernesto Mercuri, entre otros, así como sobre las empresas que actuaron como corredores de seguros.
En esa decisión, se estableció que se deben congelar todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro de las personas físicas involucradas (excluyendo a las personas jurídicas), afectando únicamente un 20% de los fondos de las cuentas sueldo y sin tocar los recursos correspondientes a jubilaciones.
Por otra parte, se había dispuesto el congelamiento de los depósitos a plazo fijo y otras inversiones, tanto de las personas físicas como jurídicas mencionadas anteriormente, medida que fue impugnada por las defensas.
Los jueces Irurzun y Farah plantearon un nuevo punto de debate: “a casi una año de revocada la anterior inhibición general que se había ordenado, la nueva imposición de idéntica cautelar obligaba fundar adecuadamente cuáles eran los motivos de urgencia que la habilitaban previo al dictado de un auto de mérito –o de otras medidas alternativas- cuya definición está pendiente hace varios meses”.
Con esta observación, hicieron referencia a la falta de una resolución concreta por parte de Casanello respecto a la situación judicial de los imputados.
El tribunal federal detectó un “direccionamiento indebido” en el que las compañías y productores vinculados a Martínez Sosa, Castellón y Torres García recibieron más del 87% de las comisiones pagadas por Nación Seguros durante el periodo en que se habría llevado a cabo la maniobra.
Respecto al corredor cercano al exmandatario, Ercolini señaló que “a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
En cuanto a Castello, el juzgado resaltó “aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de su firma Castello Mercuri S.A.”.
El juez sostiene además que Torres García y Martínez Sosa, junto con Castello, “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Pagliano (presidente de Nación Seguros) en los negocios de la aseguradora. Por su parte, Fernández y Pagliano compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.
Según el magistrado, Héctor Horacio Martínez Sosa “aparece vinculado a los siguientes intermediarios, con un total de 2.297.820.134,36 pesos o 68,3% del universo de comisiones de la maniobra (equivalentes a su vez al 59,6% liquidados por Nación Seguros a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023”.
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