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SUSCRIBITELos fondos holdouts piden a la jueza cobrar parte de una condena de 475 millones y prioridad en la distribución de acciones. Los detalles del pedido.
Fondos buitre reclaman que la Argentina también les pague con acciones de YPF.
Un conjunto de fondos buitres, que obtuvieron un fallo favorable contra Argentina por una deuda impaga de 2001 por 475 millones de dólares, solicitó a la jueza Loretta Preska autorización para cobrar parte de ese monto a través de acciones de la empresa petrolera YPF.
Entre estos fondos se encuentra Atteston Master, que en marzo logró confiscar bonos Brady por un valor de 209 millones de dólares como pago parcial de la sentencia.
La jueza Preska dispuso que Argentina transfiera acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park como parte del cumplimiento de una condena previa que asciende a 16.100 millones de dólares, más intereses, por el caso de la expropiación de la petrolera. En un fallo adicional, también ordenó entregar acciones de YPF al fondo buitre Bainbridge, que obtuvo un fallo favorable contra el país por 95 millones de dólares, más intereses, por una deuda impaga.
Actualmente, los fondos buitre también exigen que se les conceda prioridad frente a otros acreedores para el posible reparto de acciones de la petrolera argentina. En su petición dirigida a la jueza Preska, argumentan que su fallo favorable es anterior al de los casos beneficiados el lunes pasado.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en la deuda externa argentina, advirtió que esta situación podría motivar a otros acreedores con mayor capacidad económica a intentar cobrar sus sentencias contra Argentina mediante la asignación de acciones de YPF.
La solicitud presentada ante Preska para cobrar una condena por 475 millones de dólares proviene de demandas iniciadas por holdouts, inversores que rechazaron los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016, y que acudieron a tribunales estadounidenses para reclamar el pago de sus bonos impagos.
Argentina enfrenta múltiples juicios en Nueva York, Londres y también en el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde se tramitan casos que todavía están en curso. En conjunto, estas disputas legales representan cerca de 14.000 millones de dólares reclamados contra el país.
Excluyendo la expropiación de YPF, los litigios pendientes en el CIADI superan los 2.400 millones de dólares; a esto se suman cerca de 1.800 millones en demandas por bonos impagos de la deuda de 2001, y aproximadamente 9.278 millones relacionados con las causas por manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo, conocidas como el caso del cupón PBI.
De acuerdo con estimaciones de Latam Advisors, si se incluye el conflicto por YPF, el total de juicios contra Argentina en tribunales internacionales asciende a unos 32.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 21.000 millones pueden ser apelados y ejecutados.
Tras la resolución de Preska del pasado lunes, que exigió a Argentina entregar acciones de YPF para saldar la condena de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera, el Gobierno solicitó a la jueza la suspensión de dicha orden. Alegó que su cumplimiento ocasionaría un “perjuicio irreparable” para el país.
Por ahora, la jueza no tiene un plazo establecido para responder a esta solicitud, mientras que los demandantes informaron que responderán por escrito ante el tribunal el próximo lunes 7, presentando sus argumentos en contra de la postura argentina.
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