Endeudamiento: la Cámara de Diputados no logró avanzar y los proyectos volvieron a comisión

En sintonía con la postura del presidente Javier Milei, quien definió el crecimiento de las deudas como “un problema entre privados”, La Libertad Avanza proponía garantizar que los clientes tuvieran información detallada sobre el costo de un crédito antes de contratarlo.

Para ello, establecía que las entidades debían especificar el capital financiado, los intereses aplicados, la cantidad de cuotas, los cargos adicionales, los seguros, las penalizaciones por atrasos y la suma total que tendría que abonar cada usuario.

A su vez, para los préstamos gestionados de manera digital, la propuesta exigía implementar controles de seguridad adicionales y verificar dos veces tanto la identidad del solicitante como su conformidad con los términos del acuerdo.

Además, las compañías debían poner a disposición de los usuarios mecanismos que les permitieran subsanar equivocaciones o completar datos faltantes antes de formalizar la operación. También se establecía que la falta de respuesta, la ausencia de acciones o las alternativas seleccionadas automáticamente no podían interpretarse como una aceptación.

“Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían argumentado.

Qué proponía el proyecto oficialista para regular los créditos

Por su parte, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas planteaban declarar la emergencia durante seis meses y poner en marcha un mecanismo para reestructurar los compromisos financieros cuyo monto no excediera el valor de dos canastas básicas totales, según los parámetros del Indec.

El sistema de refinanciación contemplaba aplicar la tasa TAMAR, utilizada para los depósitos a plazo fijo mayoristas, con un recargo del 25% sobre el costo financiero total.

Las personas que se incorporaran al plan de refinanciación tendrían la posibilidad de saldar sus deudas en un máximo de 12 pagos, sin que se les cobraran penalidades por adelantar la cancelación. A su vez, el importe de cada cuota no podría exceder el 30% de sus ingresos. La propuesta también contemplaba suprimir la totalidad de los intereses punitorios para aquellos deudores que ya se encontraran en situación de mora.

Las alternativas de la oposición para refinanciar las deudas

Por su parte, el tercer dictamen fue presentado por los legisladores de Argentina Federal. La iniciativa proponía declarar la emergencia social y económica en todo el territorio nacional por el endeudamiento de los consumidores de servicios financieros, con una vigencia inicial de 12 meses y la opción de extenderla por un período adicional de igual duración.

La iniciativa establecía, durante el plazo de vigencia de la emergencia, una tasa de interés máxima para los bancos, las compañías emisoras de tarjetas de crédito y las demás entidades dedicadas a otorgar préstamos para consumo a particulares. El límite se fijaría en una vez y media el interés correspondiente a los depósitos a plazo fijo a 30 días para personas físicas, de acuerdo con la tasa informada por el Banco Central.

Además, contemplaba la puesta en marcha de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a quienes percibieran ingresos de hasta 10 salarios mínimos y utilizaran al menos el 30% de sus ingresos netos para afrontar el pago de cuotas, débitos automáticos o retenciones.

El proyecto establecía un esquema para reestructurar las deudas con una Tasa Nominal Anual fija que no podía superar el 35%. Además, fijaba un período de financiación de al menos 24 meses, pagos mensuales de valor constante y la eliminación de comisiones y cargos administrativos.

A lo largo de la discusión, los legisladores libertarios sostuvieron que el nivel de endeudamiento comenzaba a corregirse sin necesidad de que el Estado interviniera. Según argumentaron, la situación era consecuencia de la expansión del acceso al crédito.

“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, afirmó la diputada libertaria Silvana Giudici, quien posteriormente planteó que las iniciativas regresaran a comisión.

Cruces y acusaciones tras el fracaso en Diputados

Una vez finalizado el debate, legisladores peronistas afirmaron que representantes de La Libertad Avanza les admitieron sin rodeos que el objetivo era dejar la iniciativa sin tratamiento. En tanto, Maximiliano Ferraro, integrante de la Coalición Cívica, cuestionó con dureza a una de las principales referentes parlamentarias del oficialismo y la acusó: “Giudici es una embustera”.

“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. LLA y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto”, publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.