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SUSCRIBITESe reunirá hoy a las 9 para analizar la impugnación al artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la normativa sobre la compra de campos por parte de extranjeros.
La Corte Suprema sesionará este viernes de forma extraordinaria y podría definir el futuro de la Ley de Tierras.
La Corte Suprema de Justicia hará este viernes a las 9 una sesión extraordinaria para definir el futuro de la Ley de Tierras Rurales. El encuentro podría devolver los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, una medida que quedó sin efecto a partir del artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei.
Entre los asuntos que deberá analizar el máximo tribunal figura una solicitud de medida cautelar presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, junto con la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda.
En caso de que los jueces hagan lugar al planteo, se restablecerían las restricciones previstas por la Ley 26.737, que regula la compra de terrenos rurales por parte de personas extranjeras.
Especialistas en derecho constitucional familiarizados con el funcionamiento de la Corte señalan que resolver el expediente de manera definitiva, sin devolverlo a un juzgado de primera instancia, constituiría una medida poco habitual y de carácter excepcional.
El llamado a una reunión extraordinaria responde a la falta de acuerdo entre los integrantes del tribunal. Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no lograron reunir los tres votos coincidentes que se necesitan para dictar un fallo. Ante la ausencia de unanimidad, la Corte decidió incorporar a dos conjueces para destrabar la discusión.
Los dos juristas designados para intervenir en el debate son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos cuentan con una larga carrera dentro del ámbito judicial y se especializan en derecho penal.
Barroetaveña mantiene cercanía con Horacio Rosatti y forma parte del Consejo de la Magistratura. Por su parte, Pérez Curci se formó bajo la influencia de Carlos Mahiques, camarista de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Hasta diciembre del año pasado, ambos magistrados también integraban órganos judiciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, dejaron esos cargos luego de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitara a la Corte Suprema que dispusiera la salida de todos los jueces que desempeñaban funciones en esos tribunales.
La premura con la que actuó la Corte quedó reflejada en una disposición suscripta el miércoles a las 19:09 por el secretario del organismo, Sergio Miguel Nápoli. A través de ese escrito, se modificó el período habitual de 72 horas previsto para dar por aceptada la conformación del tribunal y se lo redujo a un día. La medida se fundamentó “en atención a las particulares circunstancias de la causa” y autorizó el uso de “días y horas inhábiles” para cumplir con los tiempos establecidos.
El expediente que deberá analizar ahora la Corte Suprema comenzó a tramitarse en diciembre de 2023 en los tribunales federales de Bariloche. En esa instancia, la Asociación Civil Árbol de Pie y el resto de los demandantes impugnaron la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se eliminó por completo la Ley de Tierras.
Posteriormente, el caso fue remitido a la Cámara Federal de La Plata, al entenderse que guardaba relación con una presentación impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Sin embargo, hasta el momento, ningún órgano judicial examinó los argumentos centrales del reclamo.
Quienes impulsan la demanda sostienen que su intervención en el expediente se fundamenta en motivos propios, distintos de los planteados por el CECIM. Aclaran que no basan su reclamo en la defensa de la soberanía argentina, sino en “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”, relacionados con sus territorios ancestrales.
El hecho que desencadenó la convocatoria a esta reunión extraordinaria ocurrió el martes de la semana anterior, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había considerado inconstitucional el artículo 154 del DNU.
Los jueces sostuvieron que el CECIM no estaba habilitado legalmente para presentar el recurso de amparo. La decisión provocó fuertes cuestionamientos y llevó a sectores opositores a advertir que buscarán que el Congreso derogue la totalidad del DNU 70/2023. Para avanzar con esa iniciativa, está prevista una sesión especial el próximo jueves.
En medio de los cuestionamientos, la Corte Suprema publicó una nota oficial para precisar que su decisión se limitó a un aspecto del procedimiento judicial. Además, indicó que “no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”. No obstante, desde la vocalía de Carlos Rosenkrantz señalaron que el magistrado no intervino en la elaboración del comunicado ni respaldó su contenido.
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