Malvinas: el Gobierno amplió la ofensiva judicial y sumó a 27 empresarios y directivos

Las medidas adoptadas ahora forman parte de una estrategia administrativa y judicial más amplia, cuyo avance Infobae viene informando desde los primeros días de septiembre.

En una primera etapa, el Gobierno inició expedientes sancionatorios contra 45 personas y empresas relacionadas con la explotación petrolera en las islas. Más adelante, sumó a otros 15 involucrados, por lo que el listado administrativo pasó a estar integrado por 60 personas físicas y jurídicas.

Foco en los ejecutivos y sus responsabilidades

Al mismo tiempo, se presentó una primera denuncia penal contra compañías vinculadas con Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic, en relación con las actividades desarrolladas alrededor de Sea Lion. Posteriormente, el Ejecutivo comunicó una nueva serie de acciones dirigidas contra firmas asociadas a Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum.

Ya se habían dado a conocer previamente los nombres de algunos de los empresarios incluidos en los expedientes administrativos y había reconstruido el rol que cada uno ocupaba dentro de las firmas involucradas. En ese grupo aparecían Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, todos relacionados con Eco Atlantic, y David Harry Williamson Dobson, vinculado a Borders & Southern.

Los nuevos escritos judiciales permiten ampliar el panorama de los involucrados. Los seis representantes de Eco Atlantic quedaron identificados de manera explícita en la extensión de la denuncia penal, mientras que Dobson fue incluido en la presentación vinculada con Borders & Southern.

A su vez, las presentaciones sumaron nombres que hasta el momento no habían sido mencionados en los listados administrativos difundidos. Se trata de ejecutivos que ocupan funciones relacionadas con las áreas financieras, legales, técnicas y operativas, además de cargos de dirección dentro de las compañías.

En conjunto, los documentos mencionan a 27 personas físicas. Al comparar esa nómina con los 60 individuos y entidades incluidos en las dos etapas de procedimientos administrativos, surge que 16 nombres no aparecían en los listados que se conocían hasta ahora.

El cambio de enfoque es significativo: esta nueva instancia no se limita a identificar a las empresas, accionistas o proveedores que forman parte de los proyectos petroleros. Ahora la investigación apunta a determinar quién estuvo detrás de las decisiones, quién diseñó el esquema de financiamiento, quién participó en las contrataciones, quién brindó asesoramiento legal y quién estuvo al frente de la conducción o de la ejecución de las operaciones.

Los ejecutivos de Navitas y Eco bajo la lupa

Dentro del entramado societario de Navitas Petroleum Limited Partnership, el nuevo escrito menciona de manera individual a Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim y Jonathan Akiva Sternberg.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, Tadmor ocupa el cargo de chairman, mientras que Katz se desempeña como vice chairman y Kornhauser como CEO. Por su parte, Rosenberg es CFO; Abramov, Vice President General Counsel; Sorek, Vice President Subsurface & Operations; y Bernheim, Chief Commercial and M&A Officer. En tanto, Sternberg figura vinculado con Navitas USA.

Para la administración nacional, el valor de estos cargos está relacionado con el hecho de que sus funciones comprenden áreas clave para avanzar con un desarrollo de la escala de Sea Lion. Entre ellas se encuentran la conducción ejecutiva, la expansión de negocios, la obtención de financiamiento, la asistencia legal, las tareas operativas y de subsuelo, la actividad comercial y las operaciones de fusiones y adquisiciones.

Ahora será la Justicia la que deberá establecer, en caso de que la denuncia impulsada por el Gobierno argentino avance, si los mencionados participaron de manera jurídicamente relevante en las decisiones, acciones o procedimientos vinculados con los hechos que son objeto de investigación.

La ampliación también incorpora a Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura y Charles Taylor, todos vinculados con Navitas Petroleum Development & Production Limited.

Según surge del escrito, esta subsidiaria ocupa un lugar fundamental dentro del esquema operativo de Sea Lion. En ese marco, Ramsey se desempeña como CEO y Bamford como COO, cargos desde los cuales tienen responsabilidades vinculadas con la puesta en marcha y el funcionamiento del proyecto.

En tanto, Armstrong desarrolla tareas relacionadas con subsuelo y exploración, mientras que Gvura está ligado al área financiera. Taylor, por su parte, aparece como Asset Director de Sea Lion, con atribuciones vinculadas al desarrollo del activo y al cumplimiento de las exigencias regulatorias y operativas.

Entre los puntos centrales del nuevo escrito, el Gobierno señala que los cargos desempeñados por estos ejecutivos están relacionados con “decisiones adoptadas, instrucciones impartidas, documentación suscripta y comunicaciones mantenidas” en el marco de las tareas de exploración, desarrollo y eventual explotación de hidrocarburos.

A su vez, la presentación judicial suma a siete integrantes de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y Emily Ferguson.

Los primeros seis nombres ya habían sido revelados por Infobae como parte del grupo de personas sometidas a los procedimientos administrativos. Sin embargo, el nuevo paso de la investigación consiste en que ahora quedaron formalmente incluidos en una causa penal. A esa lista se incorpora también Emily Ferguson, quien hasta el momento no había aparecido en la nómina conocida.

Dentro de la estructura de la compañía, Holzman figura como presidente y CEO, mientras que Levin se desempeña como CFO. El resto de los mencionados integra el órgano de administración y cumple diferentes responsabilidades, tanto en puestos ejecutivos como no ejecutivos.

El escrito señala que la inclusión de estas personas tiene como objetivo establecer “quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones” relacionadas con las operaciones petroleras que están bajo análisis.

La formulación refleja el mayor nivel de detalle que ahora adquiere la estrategia judicial. Según plantea el Gobierno, la investigación no debería limitarse a establecer cuáles son las sociedades involucradas en los emprendimientos, sino que debe permitir reconstruir “la cadena concreta de decisiones” que habría llevado a esas empresas a determinar el avance de las tareas de exploración, desarrollo y eventual explotación.

Borders & Southern, Rockhopper y Desire Petroleum

El escrito vinculado con Borders & Southern Falkland Islands Limited y Borders & Southern Petroleum PLC incorpora a la investigación los nombres de Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris, David Harry Williamson Dobson y Sean Guest, sumando así a otros siete involucrados.

Dobson ya formaba parte del listado de personas alcanzadas por la ofensiva administrativa que había sido difundida. Los otros seis nombres representan una ampliación del grupo de ejecutivos y especialistas técnicos que el Estado busca incluir en la pesquisa.

Una de las características distintivas de esta presentación es que amplía el alcance territorial de la ofensiva. De este modo, la investigación deja de concentrarse exclusivamente en Sea Lion y pasa a contemplar otras áreas y proyectos hidrocarburíferos.

En ese contexto, Borders & Southern se encuentra asociada a la licencia PL018, dentro de la cual está ubicado Darwin East-1, otro descubrimiento de hidrocarburos localizado en la zona de Malvinas. De acuerdo con la documentación presentada por el Gobierno, Borders & Southern Falkland Islands Limited figura como operadora de esa licencia y posee el 100% de participación.

La investigación busca reconstruir el entramado societario, establecer qué empresas intervienen y precisar la participación que tuvieron las personas encargadas de tomar o llevar adelante las determinaciones relacionadas con las tareas de exploración y la posible explotación posterior.

De las 27 personas físicas mencionadas de manera individual en las denuncias penales, 16 no habían sido incluidas en el grupo de 60 sujetos alcanzados por los procedimientos administrativos que se habían difundido hasta ese momento.

Los 16 nuevos nombres incorporados a las actuaciones son Tamar Rosenberg, Meital Hillel Abramov, Nadav Sorek, David Bernheim, Ian Ramsey, Gareth Bamford, Aleks Armstrong, Yossi Gvura, Charles Taylor, Emily Ferguson, Harry Baker, Peter Fleming, William Hodson, Bruce Porter, Jon Harris y Sean Guest.

En cambio, los once restantes ya habían sido incluidos previamente en alguno de los procedimientos administrativos: Gideon Tadmor, Koby Katz, Amit Kornhauser, Jonathan Akiva Sternberg, Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll, Gadi Levin y David Harry Williamson Dobson.

Los documentos también introducen una salvedad desde el punto de vista jurídico: que una persona sea mencionada en las actuaciones no significa que quede automáticamente imputada ni que su eventual responsabilidad penal pueda derivarse únicamente del cargo que ocupa dentro de una sociedad.

Será la pesquisa la encargada de establecer qué participación específica tuvo cada involucrado en la “planificación, autorización, financiación, contratación, dirección, ejecución, asesoramiento o supervisión” de las actividades bajo análisis.

Por otra parte, la ampliación que se encuentra en trámite ante el juzgado de Ercolini suma de manera expresa a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited. La presentación argumenta que los avances registrados recientemente por Sea Lion alteraron de manera significativa el contexto que había motivado las investigaciones impulsadas por Argentina más de diez años atrás.

El escrito sostiene que “La evolución posterior de los acontecimientos permite advertir que aquella situación no solo no habría cesado, sino que habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’”.

A partir de este nuevo escenario, el Gobierno plantea la necesidad de redefinir el alcance de la investigación y establecer quiénes son las personas físicas y jurídicas que actualmente participan en la organización, gestión, desarrollo y eventual inicio de la producción de Sea Lion.

En el nuevo escrito, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited figura asociada a las licencias PL032 y PL033, además de estar relacionada con el área de descubrimiento Sea Lion. Por su parte, Rockhopper Exploration (Oil) Limited aparece vinculada con PL003a, PL003b, PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2.

La documentación también suma información de carácter financiero extraída del registro societario británico. Respecto de Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, se consigna un instrumento de garantía registrado en abril de 2015, relacionado con el denominado Falkland Islands Government, y otro charge inscripto en diciembre de 2025 en favor de Macquarie Bank Limited.

Ahora será la Justicia la que deba establecer qué tipo de vínculos contractuales y financieros existen y si guardan alguna relación con la estructura económica de Sea Lion. En otra de las presentaciones, el Gobierno apunta contra Desire Petroleum Limited, sociedad que anteriormente operaba bajo la denominación Desire Petroleum Public Limited Company.

Los antecedentes de la compañía en el país se remontan a 2012, cuando la Secretaría de Energía determinó que sus operaciones en la Plataforma Continental Argentina eran ilegales y la señaló como una empresa clandestina por llevar adelante actividades hidrocarburíferas sin contar con la autorización de las autoridades nacionales.

Un año después, en 2013, el Estado volvió a concluir que Desire operaba sin permiso argentino y cuestionó su accionar al afirmar que la compañía “usufructúa una ilegítima licencia para explorar hidrocarburos en zonas próximas a las Islas Malvinas”.

A raíz de esos antecedentes, la compañía quedó impedida por un período de veinte años de realizar actividades dentro de la Argentina.

Sin embargo, el nuevo escrito afirma que Desire mantuvo su participación en distintas licencias petroleras. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en marzo de 2026 la empresa tenía una participación del 32% en PL003a y PL003b; del 30% en PL004a, PL004b Área 1 y PL004c Área 2; y del 35% en PL005.

A diferencia de los escritos vinculados con Navitas, Eco y Borders, la presentación contra Desire todavía no identifica de manera individual a los ejecutivos involucrados. En cambio, pide que la Justicia establezca qué personas intervinieron en la planificación, autorización, financiación, coordinación, conducción o ejecución de las actividades que son objeto de la investigación.

Qué responsabilidades penales busca establecer la Justicia

Las presentaciones judiciales se sustentan fundamentalmente en lo establecido por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 26.659, normativa que contempla sanciones para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin contar con el aval de las autoridades nacionales.

En particular, el artículo 7 establece una pena de cinco a diez años de prisión, junto con multas e inhabilitación, para quienes ordenen o lleven adelante tareas de exploración sin autorización argentina. Cuando se trata de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, el castigo previsto aumenta a una escala de diez a quince años de prisión.

El artículo 8 habilita a analizar la posible responsabilidad de las personas físicas que hayan intervenido desde el interior de las compañías. La norma alcanza a directores, gerentes, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran tenido participación en los hechos investigados. Por su parte, el artículo 9 establece que también pueden derivarse consecuencias para las propias personas jurídicas involucradas.

Además, las presentaciones no descartan que durante la investigación puedan surgir eventuales incumplimientos de la Ley de Residuos Peligrosos y del Código Aduanero. También señalan, como posibles figuras delictivas cuya existencia deberá determinar el avance de la pesquisa, la asociación ilícita y el lavado de activos.

Además, el Gobierno pide activar mecanismos de cooperación internacional que permitan acceder a datos societarios, registrales, bancarios, financieros, contractuales y vinculados con el funcionamiento de las empresas. También contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre los bienes si, a medida que avancen los expedientes, se cumplen las condiciones previstas por la legislación.

De esta manera, la nueva fase de la ofensiva judicial por Malvinas busca ir más allá de la identificación de compañías, accionistas y proveedores para poner el foco en el funcionamiento interno y en los distintos niveles de las estructuras empresariales involucradas.

A partir de lo planteado en las presentaciones, la investigación busca reconstruir quiénes estuvieron detrás de cada instancia clave del proyecto: quién adoptó las decisiones, quién estructuró el financiamiento, quién brindó asesoramiento legal, quién estuvo al frente de las operaciones y quién participó directamente en su ejecución. El propósito es establecer si, en el ámbito de Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic, Borders & Southern y Desire Petroleum, pueden determinarse responsabilidades penales individuales por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las Islas Malvinas.