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SUSCRIBITEEl Gobierno busca ampliar el alcance de las sanciones por Malvinas y analiza incluir a la explotación pesquera en el proyecto que enviará al Congreso la próxima semana.
Malvinas: el Gobierno evalúa sumar a las pesqueras al nuevo régimen de sanciones.
El Gobierno analiza sumar a la explotación pesquera al régimen de sanciones por Malvinas que prevé enviar al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja en ampliar parte del esquema que prepara para castigar con mayor dureza a empresas.
El Gobierno busca ampliar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y evalúa incorporar a la pesca y otras actividades relacionadas con las Islas Malvinas al nuevo esquema de sanciones.
La propuesta estuvo sobre la mesa en la última reunión de la mesa política del Gobierno y forma parte de la discusión para modificar la Ley 26.659, denominada “Ley Pino Solanas”. La normativa vigente contempla sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
“Estamos trabajando en eso”, respondieron desde Nación al ser consultados sobre la inclusión de la pesca en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Gobierno esperan definir el alcance de la iniciativa durante la próxima semana, cuando el proyecto ingresaría por la Cámara de Diputados.
El principal interrogante pasa ahora por hasta dónde llegará el nuevo régimen de sanciones y qué actores de la actividad pesquera podrían quedar incluidos. En particular, el Gobierno analiza la situación de empresas vinculadas, de manera directa o indirecta, con quienes operan al amparo de licencias emitidas por las autoridades británicas de las islas.
Desde 2008, la Argentina dispone de un marco legal para sancionar a quienes mantengan vínculos con actividades pesqueras no autorizadas en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin permiso nacional.
El alcance de la normativa también incluye las relaciones indirectas mediante sociedades vinculadas o bajo control. Si se verifica una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa involucrada.
El Gobierno define ahora qué cambios sumará al proyecto que llegará al Congreso para endurecer y ampliar las sanciones relacionadas con actividades en Malvinas.
El Gobierno ya puso en marcha este esquema en el área de los hidrocarburos. Luego de la cadena nacional, la Cancillería inició procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas a actividades petroleras y posteriormente amplió la lista con otros 15 actores, entre accionistas y proveedores ligados a los proyectos que se desarrollan en las islas.
El oficialismo apunta a que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.
El proyecto se enmarca en la estrategia impulsada por Javier Milei para reforzar las sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades que el Gobierno considera ilegales en las Islas Malvinas.
El Presidente advirtió que las personas y empresas que brinden servicios a firmas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos argentinos no podrán celebrar contratos con el Estado ni con privados en el país.
En ese marco, Milei aseguró que ya comenzaron procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que, de acuerdo con el Gobierno, operan de manera directa o indirecta en la cuenca Malvinas sin contar con autorización argentina.
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