Paralelamente a las internas generadas entre el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Energía, y los interventores del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y del Enargas, muy próximos a Cristina Fernández de Kirchner, la segmentación de tarifas continúa siendo un tema sin resolver. Todavía no se ha confirmado cómo se llevará adelante el esquema, que fue comunicado desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y que le daría la posibilidad de avanzar con una disminución de subsidios, uno de los temas puntuales en la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Desde los sectores cercanos a la vicepresidenta, a quien responden el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y al interventor del Enargas, Federico Bernal, afirman que las demoras para seguir con la segmentación son responsabilidad del Ministerio de Economía. Este viernes se conocieron detalles de cómo es el esquema que proponen y que realizaron en colaboración con el Conicet.
Por esta razón, este viernes, el secretario de Energía salió a manifestar que las propuestas de segmentación efectuadas por el ENRE, Enargas y Conicet están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento en compañía del equipo del Ministerio de Economía, que tiene a su cargo el diseño de la herramienta. “Se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”, indicó sin brindar más especificaciones.
Puntualmente, con respecto a la propuesta de segmentación tarifaria, la idea original era establecer segmentos en base a la capacidad económica de cada hogar, pero por la dificultad del tema, se determinó empezar a identificar zonas “compactas y homogéneas” del AMBA donde los inmuebles tienen más valor inmobiliario. El trabajo presentado sugiere que las personas que habiten en estas áreas abonen una tarifa más alta. Por otra parte, quedarían eximidos de la quita de subsidios los beneficiarios de la tarifa social, que viven es esos lugares.
Con este método lograron identificarse cerca de 487.000 usuarios residenciales de 13 barrios del AMBA, que representan el 10% del total. Más de tres cuartos de estos usuarios están en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito.
En el Gran Buenos Aires, por su lado, se detectaron 67.800 personas usuarias que viven en una zona puntual llamada “el bajo” conformada por los partidos de Vicente López y San Isidro. Se añaden también 48.000 personas usuarias de los 466 countries y otras urbanizaciones cerradas registradas del GBA.
También mediante esta propuesta se establece quitar subsidios a usuarios que efectúen actividades en el sector financiero; Concesionarias de autopistas; Transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros; Generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de combustibles gaseosos; Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (embajadas); Juegos de azar y apuestas.
De acuerdo a lo indicado, el trabajo consideró que las personas usuarias que reciban la tarifa social continuarán bajo ese régimen y en ningún caso serán incluidas en la quita de subsidios. Para pedir la continuidad del subsidio, los usuarios deberán llenar un formulario con datos que permitan confirmar que no cuentan con la capacidad económica para afrontar el costo pleno de la tarifa eléctrica.
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