El Gobierno reforma las fuerzas federales por decreto: las nuevas atribuciones que se le dan

Por su parte, el Capítulo III otorga a la fuerza la facultad de consultar información y bases de datos públicas para labores de inteligencia criminal, así como la opción de gestionar el acceso a registros privados bajo las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Estas competencias se extienden a la recopilación, análisis y difusión de datos para prevenir delitos, además de autorizar la cooperación con agencias extranjeras en la lucha contra el crimen organizado.

Las medidas redefinen los marcos de aplicación de cada organismo y otorgan nuevos márgenes territoriales junto con la ampliación a los espacios digitales.

La disposición faculta a la Gendarmería para desempeñarse como fuerza terrestre de carácter militar en escenarios de conflicto armado. Además, delimita su actuación como cuerpo auxiliar en ámbitos aduaneros, migratorios, sanitarios, tributarios, económicos, financieros, de seguridad vial y en la prevención de delitos informáticos como el ciberdelito y el ciberterrorismo.

Estas competencias incluyen también la supervisión y custodia de pasos fronterizos, así como de puentes y túneles de conexión internacional o interjurisdiccional.

Asimismo, se autoriza a la institución a colaborar en el control del tráfico aéreo, participar en operaciones internacionales y garantizar la protección de autoridades, edificios y bienes pertenecientes a embajadas, consulados y representaciones argentinas en otros países.

El Gobierno oficializó este martes una reforma estructural de las fuerzas federales.

Nuevas facultades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La normativa que modifica a la Policía de Seguridad Aeroportuaria amplía sus competencias para llevar a cabo acciones de prevención del delito en entornos digitales públicos y otras fuentes abiertas de información, sin que sea necesaria una orden judicial. Además, incorpora la responsabilidad de colaborar en la elaboración de inteligencia criminal mediante la generación y solicitud de informes específicos.

Su misión central es proteger la aviación civil, tanto nacional como internacional, a través de tareas de vigilancia, control y verificación sobre infraestructuras, vehículos, personas, equipajes, correspondencia, cargas, mercancías y todo tipo de objetos transportados. Esto también abarca la inspección de aeronaves y tripulaciones dentro de los aeropuertos, junto con la fiscalización y regulación del transporte, la tenencia y el uso de armas, explosivos y otros materiales de riesgo en ese ámbito.

La medida establece que Gendarmería pueda actuar como instrumento militar terrestre en caso de conflicto bélico.

También se instituye el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, que estará encabezado por un delegado del Ministerio de Seguridad y contará con la participación de representantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas (DGI) de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), la Subsecretaría de Transporte Aéreo, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre otros organismos.

Modernización y redefinición de funciones en la Prefectura Naval Argentina

En cuanto a la Prefectura Naval Argentina (PNA), la reforma introduce de manera oficial el Sistema Guardacostas como un recurso con jerarquía normativa destinado a tareas de vigilancia e inteligencia en aguas territoriales y fluviales. Asimismo, otorga a la institución el rol de Policía Auxiliar Pesquera y suprime funciones como la facultad de otorgar privilegios a envíos postales, intervenir en la resolución de contravenciones de seguridad y gestionar registros prontuariales.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La disposición también elimina la intervención directa del Estado en las labores de salvamento y en las actividades subacuáticas realizadas por compañías privadas, restringiendo su papel a una mera supervisión técnica. Además, impulsa una modernización del sistema de recursos humanos, que incluye la redefinición de rangos, procesos de ingreso, programas de formación y un plan de carrera administrativa orientado a profesionalizar al personal de la fuerza.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) conserva la función de controlar la identificación de quienes ingresen o egresen del territorio nacional por vías marítimas, fluviales, lacustres o aéreas dentro de su zona de competencia. Asimismo, debe fiscalizar la documentación correspondiente, supervisar la navegación y velar por la prevención de la contaminación originada en embarcaciones, garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables en estos ámbitos.

La reforma de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incorpora formalmente el Sistema Guardacostas.

Reestructuración y nuevas responsabilidades del Servicio Penitenciario Federal

El decreto que introduce cambios en el Servicio Penitenciario Federal modifica la Ley 20.416, transformándolo en una fuerza de seguridad federal con una renovada estructura organizativa y misiones ampliadas. El objetivo es que asuma un rol activo en la lucha contra el crimen organizado, además de gestionar la atención y control de los internos considerados de alto riesgo.

Por esta razón, el Gobierno le otorga la responsabilidad de aplicar las sanciones penales derivadas de delitos federales y participar en acciones orientadas a prevenir nuevos delitos, reducir la reincidencia y facilitar la reinserción de los reclusos en la sociedad. La normativa también establece un esquema organizativo actualizado y un régimen de personal modernizado para optimizar su funcionamiento.

La medida establece que Gendarmería pueda actuar como instrumento militar terrestre en caso de conflicto bélico.

El texto oficial menciona a las Direcciones Generales de Seguridad, de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y de Personal, Capacitación y Bienestar. “Esta reforma surge de la necesidad de encarar de forma integral y articulada el problema del crimen organizado”, señalaron desde el Gobierno nacional.

Por su parte, el segundo artículo del decreto encomienda al Ministerio de Seguridad que “realizar las gestiones pertinentes para proceder a la desafectación del uso penitenciario de los inmuebles sobre los cuales se emplazan establecimientos penitenciarios situados en zonas urbanas y gestionar su reubicación”. También instruye a la cartera a diseñar, poner en marcha y ejecutar un nuevo Plan de Infraestructura Penitenciaria.