Lo que sucede en la segunda línea del gobierno local comienza a preocupar, por errores cometidos en poco tiempo que tiene que ser resuelto por el Gobernador, desgastando innecesariamente su imagen ante la ciudadanía.

Algunos ejemplos sirven para graficar este presente. La tala de árboles en Yala generó una intervención directa de Gerardo Morales, ante el dubitativo accionar de la Ministra de Ambiente para resolverlo en su momento.

Con la Fiesta de los Estudiantes sucede lo mismo. La suspensión del primer desfile por falta de la estructura convenida, genera una vez más que el propio primer mandatario ponga paños fríos ante la inercia de los responsables que no pudieron o no supieron brindar la salida adecuada a los múltiples planteos que efectuaron los carroceros.

No se tiene conocimiento de la suspensión del primer desfile de carrozas por desorganización, si por cuestiones climáticas, evidenciando que muchos funcionarios de segunda línea encargados de resolver cuestiones básicas, no pudieran hacerlo.

Cuando apenas se apagan las criticas sobre lo sucedido en Yala, algo que toca de manera directa a la actual gestión que debe hacer frente a dos cuestiones que intranquilizan desde lo político, y que tiene implicancia en lo judicial, se acrecienta lentamente.

Lo sucedido en Valle Grande golpea a la estructura de credibilidad que tejió desde la campaña. Con discursos que apuntaban a la transparencia de los actos de gobierno y crítico a la anterior gestión siempre sospechada de situaciones poco claras, surge este tema que quiebra en parte el discurso esgrimido sobre la claridad que debe existir en la gestión que realizan.

La modalidad de una operatoria de pago de haberes a empleados que terminó denunciada como fraude a la administración pública, falsedad ideológica y asociación ilícita, con hechos registrados desde el mes de enero del presente año, muestra a las claras que las intenciones de los funcionarios ahora investigados eran muy distintas a lo que se vino pregonando; utilizando la retórica de la transparencia gubernamental para sus propios fines que son poco claros.

La intervención de la oficina anticorrupción deja al descubierto lo grave de un ilícito que lleva años de realización, pero que con las nuevas autoridades de aquella localidad asumidas en Diciembre pasado, este tipo de operatorias que rozan lo delictivo gozaban de muy buena salud.

En este tema, Morales trató de despegarse casi inmediatamente, señalando que deja todo en manos de la justicia, que tendrá que actuar en consecuencia, pero sin mucho margen de maniobra porque las respuestas deben ser inmediatas en una sociedad que rechaza este tipo de actuaciones de funcionarios que en la campaña pregonaron otra cosa.

Lo que preocupa al entorno del gobernador son las consecuencias políticas, cuando la retórica del discurso transparente es la bandera que enarbola casi a diario, incluso al señalar que las instituciones funcionan también para que se investigue al propio gobierno, como una elegante salida ante un eventual conflicto político e institucional en Valle Grande que se avizora en el horizonte.

Claro es de suponer que tendrá la misma sintonía si prospera el pedido de informes solicitado por el diputado Cardozo sobre el presunto arreglo que pretende llegar Fiscalía de Estado con una empresa operadora de cable local, también teñida de dudas y más aún cuando se habla de montos varias veces millonario. Pero en este caso, son funcionarios que tienen línea directa con el primer mandatario lo que estarían motorizando este acuerdo, generando titubeos sobre este tipo de accionar cuando también en ámbitos legislativos se comienza a cuestionar un arreglo extrajudicial con esta empresa en donde no habría una decisión judicial que sirva como aval.

Sería interesante conocer la postura que tomarán ante la sociedad a la que deben rendirle cuentas. Para algunos significa un retroceso importante si no se aclara debidamente estos temas que deambulan como fantasmas en la credibilidad gubernamental.

Ante este panorama, en donde Gerardo Morales se debe convertir en el bombero de los incendios que sus funcionarios no pueden apagar, se suma el cuestionamiento que desde la UOCRA se hace ante la falta de reactivación de la obra pública, preocupados porque mas allá de los anuncios efectuados, no se ve en la práctica que se motoricen empleos a este sector, que tiene el triste privilegio de mas de 1500 trabajadores que no pueden ejercer su labor y que esperan ser convocados luego de los anuncios oficiales de la construcción de 4000 viviendas en la provincia, y este es un dato que debe ser atendido por quienes son los responsables de su ejecución.

La ley de nocturnidad fue finalmente aprobada en la Legislatura, pero aún no fue promulgada, lo que generó confusión en muchos sectores que esperaban que la misma comience a ser aplicada de manera efectiva.

Si bien es una ley que era necesaria para nuestra provincia, la premura de su tratamiento y la falta de un análisis más exhaustivo en las comisiones, fue motivo de críticas, porque no solo se regula el horario de cierre de los boliches, sino que también tratan de atender otras cuestiones que muchos consideran que debería ser analizados con más profundidad, y eso preocupa.

Con los tropiezos conocidos en la iniciación de la fiesta estudiantil, esta semana servirá para reflexionar sobre algunas cosas que se están haciendo mal, replantearse objetivos, no ver fantasmas donde no los hay y gobernar para que lo prometido sea realidad, nada más que eso.

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