Se trata de la multinacional colombiana interesada en comprar el ingenio que atraviesa un proceso de quiebra y se define su venta o liquidación.
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SUSCRIBITESe trata de la multinacional colombiana interesada en comprar el ingenio que atraviesa un proceso de quiebra y se define su venta o liquidación.
Más que llamativo es que en época de feria se generen avances. El juez Juan Pablo Calderón, responsable de aprobar cada paso legal, solicitó al gobierno de la provincia que acredite la existencia real del grupo empresario en el país.
Fiscalía de Estado deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles toda la documentación que presentó Omega para constatar que están constituidos legalmente en el país como cualquier empresa que desea desarrollar una actividad comercial.
También pide al gobierno que presente el listado de activos de la empresa y la inscripción registral como cualquier empresa que desea operar en la Argentina.
En esta situación cabe mencionar que el inversor es el grupo Omega Energy, un grupo empresario que llega desde Colombia. En el ingenio azucarero realizaron una oferta de 85 millones de dólares.
Los responsables de controlar todo el proceso judicial para resguardar los intereses de quienes tienen acreencias en la empresa, no manifiestan unidad. Hay personas que expresaron su malestar ante la operación y otros que estaría de acuerdo en avanzar con esta situación.
Desde el Gobierno descansan en el respaldo que les da la ley 5929, aprobada por la Legislatura provincial el 2 de junio de 2016, legislación que faculta al Poder Ejecuto va realizar las gestiones para sacar de la situación de quiebra al ingenio en cuestión.
Dado el caso que el juez Calderón otorgue el visto bueno a los inversores, quedarían algunos pasos para concretar la operación.
Cabe recordar que aún existe un llamado a licitación pendiente, que data del año 2008, en el que cuatro empresas manifestaron su interés, entre ellas, el Ingenio Tabacal, la Unión Cañeros Independientes y un grupo de origen colombiano llamado “Manuelita”.
Para avanzar como plantea el gobierno, el juez deberá resolver de qué forma le da un cierre a aquella licitación, para el que los interesados pagaron altas cifras por el pliego licitatorio.
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