El Fiscal de Estado, Mariano Miranda, brindó detalles de la denuncia penal por defraudación al estado provincial y por fondos derivados del Estado nacional a los municipios que se presentará el lunes tal cual lo anunció el Gobernador Gerardo Morales. Algunos municipios entregaron los fondos a las cooperativas y no llegó a los cooperativistas, sino que los cobró la red de organizaciones sociales. Hay obras que ni iniciaron.
El fiscal también reconoció que se analizan algunos expedientes en el Ministerio de infraestructura porque se pagaron certificaciones que tienen el final de obra cuando sólo completaban 40% de avance “es una estafa – expresó Miranda- el Estado debe verse en la obligación de pagar el total de la obra cuando esté terminada. Estos datos surgieron del trabajo de investigación de la Auditoría General de la Nación que ahora inició la segunda etapa de investigación.
En este sentido informaron que está perfectamente determinado el dinero a qué cooperativa se le entregaba y a qué organización social respondía. Hay comprometidos funcionarios públicos, presidentes de cooperativas y dirigentes sociales.
Consultado Miranda sobre la situación legal de aquellas cooperativas que abandonaron el acampe y se acogieron al sistema propuesto por el Gobierno indicó que no todas están en regla y se está trabajando para normalizarlas. Asimismo se hizo saber que muchos cooperativistas reconocieron las irregularidades, pero denunciaron haber sido coaccionados y extorsionados a entregar los cheques del inicio de obras a la RDOS.
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