Las últimas informaciones que surgieron la semana pasada sobre el pedido efectuado por el grupo de trabajo de la ONU que analiza la detención de Milagro Sala, fue terminante en su postura que todavía no tiene definición concluyente, pero que reavivó un debate que está lejos de concluir; mezclando una cuestión judicial con las opiniones que desde el punto de vista de la política se esgrimen cuando de este tema se trata.
Lo que es claro es que no hay opiniones intermedias, ni grises. Para esta comisión la detención es arbitraria con un entramado de acusaciones consecutivas para sostener la privación ilegal en el tiempo.
Desde sectores gubernamentales señalan que parten de premisas desactualizadas y que no tuvieron en cuenta el avance de las causas que se le imputan, ofreciendo incluso información para que tengan conocimiento acerca de lo que sucede en nuestra provincia con este tema intrincado, que marco la vida de la sociedad y que ahora nuevamente se instala para la consideración general.
Sea vinculante o no, es una cuestión que tiene peso político, sin dudas. Ahora se plantea un futuro de expectativas sobre este tema, más aún si el pedido es elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde su opinión es vinculante, lo que cambiaría rotundamente el escenario actual.
Esta cuestión, polémica desde sus inicios, dejo en segundo plano escenarios coyunturales que sucedieron en el ámbito legislativo, como la aprobación de la ley 5970, que determina que no se paguen los días de huelga realizados el pasado 2 y 3 de agosto, argumentando que desde el gobierno provincial se había anunciado que se tomaría esta medida ante este tipo de situaciones. El razonamiento de que esta medida es un paro de índole político es, en principio, cuestionable ya que no se conocen antecedentes de que se aprueben leyes para reforzar la decisión de descontar días de huelga.
Cuando se realiza una media de fuerza, desde su génesis es política, incluye elementos y discursos que argumentan esta decisión desde lo político, más allá de que sea una herramienta y un derecho constitucional vigente. Los sectores en pugna pueden estar de acuerdo o cuestionar esta medida, pero el argumento esgrimido en la última sesión, fundamentando la aprobación de esta ley en que es un paro político, es por lo menos insuficiente.
La designación del defensor del pueblo también trajo polémica parlamentaria por la falta de consulta a la oposición que debía proponer al reemplazante de Ricardo Pierazzoli en este cargo, situación fuertemente cuestionada por un sector que termina el año legislativo con un sabor amargo al no lograr asentarse en el nuevo rol que desempeñan en la actualidad.
Uno de los temas que pasó inadvertido ante la opinión pública, está relacionado con la reunión de los altos mandos policiales, poniendo sobre la mesa de discusión la situación social de los integrantes de esta fuerza, buscando como objetivo inmediato el consenso interno para que los oficiales puedan involucrarse en una problemática común y que tiene en muchos casos, consecuencias fatales para muchos policías.
La política y lo político se entremezclan en una serie de hechos que buscan instalarse de manera constante en la comunidad con opiniones distintas desde lo argumentativo, pero sustentadas en realidades diametralmente opuestas que rompen la armonía existente y dejan para el debate futuro las soluciones de fondo que hacen falta.
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