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SUSCRIBITELa fiscal general Pam Bondi denunció que el líder chavista usa grupos terroristas para introducir drogas y violencia dentro de Estados Unidos.
Aseguran que Donald Trump habló con Nicolas Maduro
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, informó que el gobierno de Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, anteriormente fijada en 25 millones. A través de un video en sus redes, Bondi afirmó que Maduro colabora con grupos criminales internacionales.
Entre estos últimos, mencionó el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para traficar drogas peligrosas y fomentar la violencia en territorio estadounidense.
“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó.
En el video, Bondi puntualizó que: “El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares”.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.
El subsecretario de Estado de EE.UU., Cristóbal Landau, señaló que el vínculo con Venezuela no responde a cuestiones diplomáticas, sino que se trata principalmente de un tema judicial, ya que, según afirmó, el país está controlado por una organización criminal. A través de un mensaje en X, Landau remarcó que Washington no reconoce a Nicolás Maduro como un gobernante legítimo y lo identifica como jefe de una estructura narco.
Maduro enfrenta una causa abierta en la justicia estadounidense por presunta conspiración vinculada al narcoterrorismo y por su participación en el tráfico de cocaína a nivel internacional. La acusación, presentada en 2020, constituye una medida poco frecuente contra un mandatario extranjero.
El mes pasado, el gobierno de Trump alcanzó un pacto que permitió la liberación de diez ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Caracas. A cambio, Venezuela aceptó el retorno de decenas de migrantes deportados por EE.UU. a El Salvador, como parte del endurecimiento en política migratoria impulsado por la administración. Días más tarde, la Casa Blanca revirtió una medida previa y autorizó a Chevron, la compañía petrolera norteamericana, a retomar sus actividades de extracción en territorio venezolano, las cuales habían sido suspendidas debido a sanciones impuestas anteriormente.
Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios presidenciales celebrados en julio de 2024 por el organismo electoral, dominado por el oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El Centro Carter junto con la Misión de Observación Electoral de Colombia validaron los conteos paralelos difundidos por la oposición, los cuales otorgaron el triunfo a Edmundo González Urrutia con un 67 % de los sufragios, en contraste con el 30 % reportado para Maduro. La alianza opositora, liderada por María Corina Machado, entregó miles de documentos electorales que, según su evaluación, evidencian que el resultado oficial no corresponde a la voluntad real del electorado.
Pocos meses tras las elecciones, González Urrutia se vio obligado a abandonar Venezuela y se estableció en España. El gobierno de Maduro, poco tiempo después, dictó una orden de captura en su contra y fijó una recompensa de 100.000 dólares para quien brinde datos que conduzcan a su aprehensión.
En enero de este año, bajo la administración del demócrata Joe Biden, Estados Unidos incrementó la recompensa por información que permita arrestar o condenar a Maduro, pasando de 15 a 25 millones de dólares. Esta medida forma parte de un paquete de sanciones y acciones en respuesta a lo que Washington calificó como una “investidura ilegítima” del poder.
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