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SUSCRIBITE En el marco de la causa que investiga la presunta corrupción en la obra pública, la ex Presidenta deberá declarar el 31 de octubre, pese a haber solicitado la nulidad de su citación, el juez Julián Ercolini consideró que es justamente esa instancia en la que tiene "todas las posibilidades de defenderse y manifestar su desacuerdo" con la imputación.
Los quince contratos denunciados por Vialidad Nacional y que analizaron los Fiscales, muestran entre otras irregularidades el mismo "certificado de capacidad de ejecución" que las empresas deben presentar cada vez que licitan una obra. Este conjunto de obras tuvieron un valor de $ 15.000 millones con un promedio de sobreprecio superior al 30 % cada uno de los convenios.
Lázaro Báez no sólo presentó el mismo certificado para 15 contratos, sino que comprometió la misma maquinaria ya afectada a otras obras -en simultáneo- con cientos de kilómetros de distancia. "La capacidad de contratación anual de Austral se consumió al momento de adjudicarle la primera obra de este listado", señala la denuncia inicial de Vialidad que retomaron Pollicita y Mahiques. Sabiendo que no iba a poder realizarlas, el Gobierno le adjudicó 15 nuevos contratos.
Los fiscales señalaron en el nuevo escrito que esta conducta "demuestra la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado". Según los cálculos oficiales Báez recibió durante el kirchnerismo U$S 2.200 millones en contratos viales que en un 50 % no se concluyeron pero se cobraron con un promedio de sobreprecio del 65 %.
Además señalaron en esta ampliación de la imputación, que se "desviaron fondos de otras áreas de Planificación Federal hacia Vialidad Nacional" para "cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de obra pública vial al que no se le adeudaba nada al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner", expresa el escrito. Vialidad denunció en esta misma línea, que se terminó financiando obras en caminos que no estaban bajo la órbita del organismo nacional.
Los fiscales ya habían denunciado que en la causa que investiga un "plan sistemático" para el "apoderamiento de fondos públicos", hubo cuatro elementos centrales por los que pidieron la indagatoria de Cristina Kirchner: “la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial (por Báez)”, la exportación de una “estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional” y la existencia de un redireccionamiento de la “obra pública hacia Santa Cruz”.
Todos estos puntos fueron rechazados en un extenso escrito por Cristina Kirchner, que además habló de "persecución" hacia su persona y de una causa "política" del "partido judicial". De todos modos, deberá declarar el 31 de octubre y por primera vez dar cuenta de los contratos que recibió su socio comercial y ex administrador de sus hoteles.
En esta oportunidad además de los contratos de obra pública, analizaron e incorporaron otros vínculos comerciales de la ex Mandataria con Báez, como la permuta de un importante terreno en El Calafate de 78.000 metros cuadrados, la compra - venta de otros lotes ubicados en la misma localidad y la constitución de un fideicomiso para la construcción de un complejo de departamentos en Río Gallegos.
Fuente: Clarín
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