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SUSCRIBITEAdrián Ravier, vocero presidencial, rechazó aliviar a los morosos y advirtió que sería usar recursos de los contribuyentes para salvar a los bancos.
El vocero presidencial rechazó otra vez una asistencia a los morosos.
El Gobierno sostiene desde el inicio que la mora es un “problema entre privados” y que el Estado no debe intervenir en la relación entre deudores y entidades financieras. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier reforzó esa postura y fue contundente al explicar que una ayuda a los morosos terminaría implicando el uso de recursos de los contribuyentes para salvar a los bancos.
Desde un primer momento, la Casa Rosada rechazó intervenir frente a la mora y la definió como un “problema entre privados”. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier volvió sobre esa postura y planteó que una eventual asistencia estatal a los deudores tendría como consecuencia destinar recursos de quienes pagan impuestos al rescate de bancos y entidades financieras.
Para Ravier, parte del problema está en las propias entidades financieras, que otorgaron créditos con tasas elevadas como mecanismo para cubrirse frente a los riesgos que asumían. El funcionario sostuvo que esa estrategia terminó dejando comprometidos a bancos y entidades no bancarias. En ese contexto, rechazó que el Estado intervenga con fondos públicos y advirtió: “Tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”.
En esa línea, el vocero presidencial detalló que cualquier programa de ayuda debería ser financiado con recursos de los contribuyentes, por lo que cuestionó la posibilidad de que el Estado intervenga para aliviar la situación de los morosos. Según Ravier, una medida de este tipo terminaría generando una transferencia de recursos hacia las entidades financieras. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, afirmó.
Por otra parte, el vocero presidencial apuntó contra la oposición y el Congreso por el contexto que derivó en el aumento de la morosidad. Ravier cuestionó que se hayan aprobado iniciativas legislativas sin especificar de dónde saldrían los recursos para financiarlas y vinculó esa situación con el deterioro posterior. “Las líneas de crédito se incrementan en 2024, las moras aparecen en el contexto de 2025”, señaló, antes de cuestionar la aprobación “con mucha irresponsabilidad” de proyectos sin financiamiento claro.
Las declaraciones del funcionario retomaron el argumento que Milei había planteado días atrás en Rosario, durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí, el Presidente había defendido la política económica de su Gobierno y descartado que el incremento de la morosidad pudiera atribuirse a sus medidas. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”, había afirmado.
El reclamo por la situación de los deudores también ganó fuerza en distintos sectores de la política y el sindicalismo. Ya existen más de 30 iniciativas presentadas por diferentes bloques, mientras que algunos gobernadores comenzaron a impulsar medidas desde sus provincias.
El bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela se sumaron a esos reclamos. Por su parte, la CGT realizó el jueves pasado una movilización y pidió, entre otras medidas, que el Gobierno avance con una regulación de las tasas de interés de los préstamos.
Entre las iniciativas presentadas se destaca la del radical Pablo Juliano, que plantea la creación de un régimen judicial de rehabilitación financiera para personas en situación de insolvencia y sobreendeudamiento estructural. El proyecto apunta a generar un mecanismo específico para quienes enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.
Otra de las propuestas es la de la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, quien plantea crear una plataforma digital administrada por la ANSES para concentrar la información de deudores y acreedores. El mecanismo permitiría ordenar las obligaciones y avanzar en su reestructuración, mientras que el organismo determinaría la capacidad de pago de cada persona, con un límite del 33% de sus ingresos.
El socialista Esteban Paulón también presentó cuatro iniciativas para abordar el problema de la morosidad. Entre ellas, una plantea reformar la Ley de Concursos y Quiebras y otorgarles a los jueces mayores herramientas para intervenir en las deudas. En particular, propone que puedan reducir o eliminar intereses y hasta declarar la nulidad parcial de un crédito en determinados casos.
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