Inició el proceso de Juicio Político a la Corte Suprema.
Este jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados empezó a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en base a un proyecto respaldado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, el cual considera que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en diversos fallos.
La comisión presidida por la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se encarga de evaluar los expedientes que respaldan el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El oficialismo tiene el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no cuenta con la mayoría de dos tercios que se necesita para poder aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.
La idea del oficialismo es analizar desde este jueves los expedientes y determinar el esquema de trabajo, ya que lo primero que deberá hacer la comisión es establecer si son correctos los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para que prevalezca su criterio.
Luego, se calcula que en 15 días empezará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se extenderá hasta fines de marzo, estimativamente, para recolectar las pruebas vinculadas a los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.
El tema se incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias respaldada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
Por su lado, la oposición ya se adelantó con su respuesta y manifestó que no otorgará quórum para analizar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras siga en vigencia el proceso de juicio político, ya que han concluido que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno.
El presidente del bloque radical, Mario Negri, indicó que "Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum" y dijo que "el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo".
"Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad", manifestó y apuntó que "el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal".
En el proyecto de resolución, diseñado por los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se sienta sobre el documento impulsado por el Presidente, pero se han añadido además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una respecto al manejo de la obra social del Poder Judicial.
En el texto, que tiene una extensión de 410 páginas, los diputados argumentan que tienen que ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".
"El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante", añade el documento.
Agrega que "el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea".
"Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada", marcan los diputados en el proyecto.
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