Las licitaciones del gobierno envían señales contradictorias respecto de la verdadera injerencia que se le pretende dar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo productivo.
Ahora una vez más, con el plan 3 mil jardines, todo parece indicar que se tiende a favorecer a los grandes conjuntos económicos. Se lanzaron las primeras licitaciones y las mismas, sin motivo que lo justifique, obligan a cotizar por grupos en donde se construyen 10 o más jardines por valores muy importantes y condiciones que excluyen a empresas pequeñas. Sin embargo, las adjudicaciones se hacen individualmente.
Así, es necesario que una empresa se comprometa a que podría, por ejemplo, construir 10 jardines de infantes, cuando finalmente se le asigna una sola. Entonces, empresas chicas o medianas que tendrían capacidad para construir, por ejemplo, tres jardines de infantes, no ingresan a la licitación porque piden requisitos por 10 obras cuando finalmente se asignan menos a cada oferente.
De la misma manera, la forma de hacer certificación y pago promueve que con el 30% de anticipo las empresas tengan que terminar la obra. Además hay que considerar que el primer certificado se hace con el 50% de la obra realizada. Se paga a los 60 días de factura y las obras tienen un plazo de ejecución de 5 meses. Por este motivo sólo con el anticipo del 30% se debe realizar la obra completa. Una Pyme no tendría “la espalda” necesaria para encarar una obra cobrando sólo el 30% de anticipo.
Con medidas así, es difícil que una empresa pequeña o mediana pueda acceder a la obra pública. Mirá el análisis de Alberto Siufi.
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