La designación de tres jueces elegidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de esos cargos generó cuestionamiento de algunos sectores que afirmaron que las designaciones son arbitrarias. Fernando Zurueta, presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, dijo que esa es una atribución constitucional del gobernador.

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“Somos respetuosos de la Constitución. El Colegio siempre bregó para que se elija al primero, sería lo deseable, pero el gobernador puede elegir a cualquiera de los tres”, y aseguró que el sistema de hoy es “muchísimo mejor que el anterior”.

“Hoy el sistema es superador, porque no se eligen jueces a dedo y tienen que pasar por un concurso, obtener por lo menos 60 puntos y después se arma el orden de merito”, explicó Zurueta, y agregó que para que sea el de mayor puntaje el elegido, hay que modificar la constitución y avanzar hacia un Consejo de la Magistratura, porque “hoy la ley solo regula el procedimiento para armar las ternas”.

. “Los Consejos de Magistraturas que funcionan en otras provincias algunos funcionan bien y otros tienen muchos reparos de acuerdo a como se conforme”, y negó conocer si hay padrinazgos políticos: “Desde el colegio no apadrinamos a nadie, ayudamos a los abogados en todo, pero no apadrinamos”, destacó.

El proyecto de Ley de Honorarios para Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy presentado por Ramiro Tizón en la legislatura, es otro tema de controversia ya que el Colegio pidió postergar el tratamiento para el año que viene al no estar de acuerdo con algunos puntos y pedir más tiempo para estudiarlo. “El Colegio no se opone a la modificación, es necesaria y eso pedimos hace un tiempo. Pero tuvimos escaso tiempo para analizarlo y era imposible sacar algo consensuado y con un análisis profundo”, dijo.

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El proyecto establece una unidad de medida para calcular los honorarios profesionales de tal manera que el monto de los aranceles se mantenga actualizado de manera automática, fijando pautas para la determinación de los honorarios mínimos en distintos tipos de procesos judiciales y actuaciones extrajudiciales y de acuerdo a la actuación profesional para cada caso.

Hicimos sugerencias a algunos de los diputados, pero que no fueron incorporadas al proyecto y por eso solicitamos la postergación del tratamiento”, y detalló que la sugerencia fundamental es que la pauta para la unidad de medida arancelaria sea el sueldo del Juez de Primera Instancia o Juez de Cámara, porque “es lo que ocurre en la mayoría de las leyes, porque sino la inflación los dejaría desactualizados”.

“Queríamos una ley de consenso y que los colegas sepan que la ley sea lo más protectora para los intereses de los abogados. La comisión de Labor Forense advirtió una cantidad de situaciones que merecían ser modificadas”, finalizó Zurueta.

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