Qué establece la resolución y cómo será la licitación
Mediante la Resolución N° 1350/2026, publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio el visto bueno para avanzar con un concurso público abierto a empresas y oferentes tanto nacionales como extranjeros.
La disposición contempla la utilización de las trazas ferroviarias y los terrenos e instalaciones ubicados en sus inmediaciones correspondientes a los ramales General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, como parte del proceso impulsado por el Gobierno para la privatización del sistema ferroviario.
El esquema también contempla que los interesados puedan adquirir el material rodante asignado a cada uno de los tramos. En cuanto al mecanismo para presentar las ofertas, la resolución establece que el procedimiento se desarrollará de manera digital mediante la plataforma CONTRAT.AR.
A través de ese sistema se difundirán los distintos documentos correspondientes a la convocatoria, entre ellos el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los pliegos particulares elaborados específicamente para cada una de las tres líneas ferroviarias.
La cláusula que limita la participación de extranjeros en la privatización
Aunque la convocatoria permitirá la presentación de empresas de distintos países, la versión definitiva del documento, firmada este miércoles, incorporó una restricción específica para aquellas compañías cuyo control esté en manos de gobiernos extranjeros.
La disposición apunta a impedir la participación de firmas estatales o vinculadas con gobiernos de otros países, una condición que, en particular, dejaría fuera del proceso a empresas chinas relacionadas con el Partido Comunista.
De acuerdo con lo establecido en el documento, la convocatoria busca definir qué empresas quedarán a cargo de las concesiones, con una primera etapa enfocada exclusivamente en la gestión de las vías y la infraestructura ferroviaria. Esta responsabilidad también comprenderá la ejecución de tareas de mantenimiento, reparación y actualización de las instalaciones.
Con esta decisión, el Gobierno nacional respondió a los planteos realizados por algunas de las compañías que habían manifestado interés en quedarse con el Belgrano Cargas, pero cuestionaban que las condiciones de la licitación presentaran el esquema de manera fragmentada.
Etapas previstas y cronograma de ofertas
El plan elaborado por el Poder Ejecutivo contempla una privatización dividida en distintas etapas. Por un lado, se prevé otorgar mediante concesión de obra pública la administración de las vías ferroviarias y los terrenos e instalaciones ubicados en sus alrededores.
Por otra parte, la normativa establece como alternativa la venta del material rodante a través de un remate público, mientras que el esquema se completa con la posibilidad de otorgar el uso de los talleres ferroviarios.
La resolución también estableció un calendario con fechas y horarios definidos para las distintas instancias del proceso. Los interesados podrán enviar consultas vinculadas con la documentación de la licitación hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10:00.
En tanto, el período para presentar las ofertas finalizará el 11 de noviembre de 2026 a las 9:59. Un minuto después, a las 10:00, se realizará la apertura pública de las propuestas mediante la plataforma digital CONTRAT.AR.
Para analizar y calificar las propuestas que se presenten, el Gobierno resolvió conformar una Comisión Evaluadora “ad hoc”, que estará compuesta por tres integrantes titulares: Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García, además de otros tres miembros en carácter de suplentes.
El destino de los fondos y los beneficios del RIGI
En cuanto al manejo del dinero obtenido, la resolución establece que los fondos provenientes de la venta del material rodante mediante remate público, así como los recursos generados por las unidades que sean comercializadas dentro de los contratos de concesión, serán administrados mediante el fideicomiso de administración que Belgrano Cargas y Logística S.A. constituya específicamente para ese fin.
Entre las razones expuestas por el Gobierno para incorporar esta alternativa, se destacó que la posibilidad de comprar el material rodante favorecerá una mayor participación de interesados y, como consecuencia, permitirá recibir propuestas más competitivas.
A su vez, las autoridades señalaron que el esquema contempla que las empresas que resulten adjudicatarias puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La decisión se conoció apenas un día después de que el Gobierno extendiera los beneficios del RIGI a proyectos vinculados con el desarrollo de infraestructura ferroviaria y a iniciativas del sector tecnológico que contemplen la incorporación de nuevos productos.
Precisamente, la posibilidad de acceder a este régimen de incentivos había sido uno de los pedidos planteados por las empresas que ya habían manifestado su intención de participar de la licitación y competir por la concesión del ferrocarril.
El alcance de la privatización y las inversiones previstas
El RIGI contempla como elegibles los proyectos destinados a renovar, reemplazar, modificar o ampliar infraestructura ya existente, además de aquellos que impliquen la construcción o incorporación de nuevas instalaciones.
Sin embargo, la normativa también estableció determinados límites: entre las actividades que no quedan alcanzadas por el régimen se encuentran las tareas vinculadas con el mantenimiento y la conservación de la infraestructura que ya está en funcionamiento.
El proceso de privatización abarcará un total de 7.594 kilómetros de vías operativas, correspondientes a los ramales Belgrano, San Martín y Urquiza. La red atraviesa 16 provincias y cuenta con conexión hacia cinco pasos fronterizos internacionales: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
A diferencia de otros esquemas de concesión, el contrato establecido no contempla el pago de cánones ni la entrega de subsidios por parte del Estado. La empresa que resulte adjudicataria obtendrá sus recursos mediante el cobro de peajes a los operadores ferroviarios y a través de la explotación comercial de terrenos e inmuebles ubicados junto a las vías, como silos y parques destinados a actividades logísticas.
“Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”, explicó el ministro de Economía. En este sentido, Luis Caputo sostuvo que el propósito de la convocatoria es “encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.
Aunque el esquema podría sufrir modificaciones de último momento, la planificación inicial establecía una inversión total de 755 millones de dólares. De ese monto, 420 millones estaban destinados a la línea San Martín, 260 millones al Belgrano y los 75 millones restantes a la Urquiza. Además, se había establecido un tope de financiamiento de 435 millones de dólares para el proyecto en su conjunto.
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