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SUSCRIBITEEl Ejecutivo busca apoyo financiero para levantar los controles cambiarios, pero enfrenta discrepancias y debe garantizar el equilibrio fiscal.
El Gobierno cierra una etapa en su vínculo con el FMI y abre otra con la salida del cepo como principal desafío.
Ayer se difundió el informe del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se calificó el programa implementado como "firmemente encaminado", marcando así el final de una fase y de un acuerdo en el que, por primera vez desde su firma hace más de dos años, se alcanzaron todas las metas estipuladas sin excepción.
De manera intrigante, parece incierto que este escenario pueda replicarse en septiembre, momento en el cual se esperaba la aprobación de las metas del segundo trimestre de este año, incluida la eliminación del "dólar blend". El Gobierno ha dejado claro que este compromiso inicial no se cumplirá a fin de mes, y en la práctica, esto perderá relevancia.
Para ese momento, se presupone que la Argentina tendrá un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, donde la supresión del “esquema preferencial de tipo de cambio para los exportadores” según la definición del FMI del régimen 80/20 para la liquidación de divisas, será una anécdota. Es que en ese acuerdo, el objetivo central será la eliminación de todas las distorsiones del mercado cambiario.
En resumen, la eliminación de las restricciones cambiarias o la unificación del tipo de cambio será el núcleo del nuevo acuerdo, donde hay dos desafíos difíciles de superar, incluso para esta administración, que está más comprometida con las metas a largo plazo requeridas por el FMI, aunque no totalmente alineada con sus enfoques metodológicos.
El primer desafío recae únicamente en la dirección económica y está completamente en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, y su contraparte en la presidencia del Banco Central, Santiago Bausili. El líder del banco central había adelantado el jueves pasado, justo después de recibir los fondos del Fondo Monetario Internacional, lo que se esperaba en las próximas etapas de esa negociación.
Al concluir un extenso informe de 6 páginas emitido por el Banco Central sobre la aprobación de la octava revisión de objetivos, en el párrafo final, brevemente señalado bajo el encabezado "Eliminación de controles cambiarios", se indica: “El BCRA contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance, tal como se refleja en el Acuerdo".
En esa línea, agregan: "El proceso lo definirán las propias autoridades de Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”.
A punto de comenzar un fin de semana extendido, no fue sino hasta ayer cuando se hizo público el documento que reafirma la eliminación del "dólar blend" para fines de junio, dándole contexto a la declaración anterior de Bausili.
No obstante, esa inclinación hacia la autonomía podría enfrentar desafíos: el Gobierno está en busca de nuevos recursos para levantar las restricciones cambiarias. Alejandro Werner, quien previamente supervisó las finanzas argentinas en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, estimó ayer que podrían obtenerse hasta 10 mil millones de dólares. La cuestión clave será determinar los métodos, tiempos, propósitos y criterios para el uso de esos fondos.
En resumen, se trata de un nuevo episodio de una disputa previa que Luis Caputo ya enfrentó (y perdió) en 2018, cuando el FMI rechazó el uso de los fondos prestados para estabilizar el dólar en el mercado cambiario. A pesar de que desde entonces el FMI ha revisado su postura, esto no significa que permitirá total libertad a Caputo en cuanto al uso del eventual "nuevo dinero". Según admiten en el Gobierno, este será uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones.
La segunda dificultad en las negociaciones podría describirse como una "variable externa" fuera del control directo del Gobierno. Aunque Javier Milei se comprometa indudablemente con el superávit fiscal, esto puede no ser adecuado para asegurar la estabilidad tanto fiscal como social.
No es una preocupación nueva: el FMI, al igual que todos los actores políticos en Argentina, observa con asombro las encuestas que continúan reflejando altos índices de aprobación e imagen positiva para el Presidente, a pesar de las medidas de ajuste fiscal severas. No obstante, en el Congreso, donde se aprobó recientemente la Ley Bases, están progresando iniciativas que podrían alterar la tendencia de reducción del gasto público.
La reciente fórmula de ajuste de las jubilaciones y el plan para asegurar el financiamiento de la educación, ambos con un significativo impacto fiscal y político en caso de ser vetados o rechazados, representan una amenaza para las proyecciones gubernamentales.
El Fondo Monetario Internacional, así como los inversores, fueron los primeros en tomar nota de esta situación. Este asunto se suma a otro aún más apremiante: la demanda del organismo para que el Gobierno recupere la aplicación de Ganancias sobre la cuarta categoría, la única vía viable -o la más sensata- para iniciar la reducción del impuesto PAIS y demostrar que la eliminación del cepo es un objetivo aún distante pero alcanzable.
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