Estados Unidos analiza avanzar con la cancelación de visas de turismo y negocios de hasta 200.000 personas que solicitaron asilo en el país. Si la medida finalmente se implementa, se convertiría en la mayor revocación de visas registrada en la historia estadounidense y podría dar lugar a diversos cuestionamientos y acciones judiciales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tendría previsto comunicar durante las próximas semanas la cancelación de visas B1 y B2 otorgadas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente hayan presentado solicitudes de asilo en territorio estadounidense, de acuerdo con documentos oficiales a los que accedió The Associated Press y con declaraciones de dos funcionarios federales.
Coordinación entre organismos para revisar las visas
La iniciativa será implementada en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, según la información disponible.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó este martes que las autoridades estadounidenses trabajan junto al Departamento de Seguridad Nacional para detectar y cancelar las visas de no inmigrante correspondientes a extranjeros que ingresaron al país presentándose como turistas por un período limitado, pero posteriormente iniciaron trámites de asilo con la intención de permanecer en Estados Unidos de forma definitiva.
Pigott evitó precisar cuántas visas podrían ser anuladas y aclaró que la cifra todavía no está definida. Según señaló, debido a que el procedimiento continuará desarrollándose, la cantidad de revocaciones será variable y se concretará de manera progresiva.
Los funcionarios aclararon que la anulación de estas visas no implicaría necesariamente una deportación inmediata. En la mayoría de los casos, las personas que mantienen solicitudes de asilo en trámite serían sometidas a una nueva clasificación migratoria, aunque dejarían de contar con el estatus que les permite ingresar al país como viajeros por motivos comerciales o turísticos.
El endurecimiento de la política migratoria de Trump
Las fuentes, que solicitaron mantener su identidad en reserva debido a que las cancelaciones todavía no fueron formalizadas, explicaron que el proceso continúa en evaluación. Desde el inicio de su segundo mandato, el gobierno de Donald Trump profundizó progresivamente las exigencias y limitaciones para quienes buscan obtener una visa estadounidense.
Entre las nuevas condiciones se encuentran la presentación de mayor cantidad de información vinculada a la actividad en redes sociales, el desembolso de elevadas sumas de dinero en concepto de fianza y, en determinados casos, la prohibición de otorgar visas a ciudadanos de países específicos.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó el lunes, mediante una publicación en redes sociales, a quienes, según sostuvo, pretenden ingresar a Estados Unidos utilizando visas de turismo o negocios para luego iniciar un pedido de asilo.
“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debe ser una laguna para eludir la ley migratoria”.
Como ejemplo de esta situación, el funcionario mencionó a un ciudadano colombiano que ingresó a territorio estadounidense en 2015 con una visa de turista y posteriormente presentó una solicitud de asilo.
Qué diferencia hay entre las visas B1 y B2
Las visas B1 están destinadas principalmente a quienes viajan a Estados Unidos por motivos comerciales o laborales, mientras que las B2 suelen otorgarse para fines turísticos, visitas a familiares o tratamientos médicos. Por el momento, no se conoce con precisión cuántos beneficiarios de estas categorías iniciaron o mantienen solicitudes de asilo en el país y, por lo tanto, podrían quedar alcanzados por la eventual cancelación de sus permisos.
Quienes actualmente tramitan una visa B1 o B2 deben declarar que no tienen previsto pedir asilo en Estados Unidos y, además, acreditar que su intención es regresar a su país de origen una vez finalizada su estadía.
Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado canceló aproximadamente 175.000 visas. Entre los afectados hubo personas condenadas o investigadas por delitos que van desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta violación y robo, además de individuos que expresaron públicamente críticas contra políticas del gobierno estadounidense, especialmente aquellas relacionadas con Medio Oriente.
Más restricciones migratorias y nuevas medidas laborales
Estados Unidos también avanzó con mayores restricciones sobre el denominado “turismo de parto”, una práctica que las autoridades describen como el ingreso de mujeres extranjeras embarazadas al país con el objetivo de dar a luz en territorio estadounidense y conseguir que sus hijos accedan a la ciudadanía por nacimiento.
Durante la administración de Donald Trump, el Gobierno estadounidense impulsó en distintas oportunidades medidas destinadas a eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, aunque esas iniciativas fueron frenadas por la Justicia, incluso por la Corte Suprema.
La estrategia para endurecer las normas migratorias no se limita al régimen de visas, sino que también se extiende a los permisos de trabajo.
Este lunes, la administración estadounidense volvió a plantear el cobro de una tarifa de US$103.265 a las empresas que incorporen trabajadores extranjeros mediante visas H-1B. Se trata de un régimen al que recurren numerosas compañías de Estados Unidos para contratar profesionales con conocimientos especializados, especialmente en la industria tecnológica, aunque su alcance abarca también otras actividades.
La propuesta recupera una disposición que la administración de Trump había buscado implementar en 2025, cuando estableció una tarifa de US$100.000 con el argumento de combatir un supuesto “abuso sistémico” del programa H-1B.
El antecedente judicial que frenó la medida de Donald Trump
Sin embargo, en junio de este año, un juez federal decidió frenar la medida luego de una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas. Los demandantes argumentaron que el arancel funcionaba en los hechos como un impuesto ilegal y que su aplicación implicaba avanzar sobre una facultad que corresponde al Congreso.
El monto que Trump había intentado imponer en aquella oportunidad, y que ahora busca volver a establecer como parte de su nueva ofensiva, había generado un fuerte rechazo entre las empresas de Silicon Valley. La medida también despertó preocupación en el sector sanitario, que recurre con frecuencia a profesionales extranjeros especializados, especialmente para cubrir puestos de enfermería y tareas técnicas específicas.
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