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Juicio por YPF: Buford exige obtener el 51% de las acciones que hoy son del estado

La solicitud recibirá un veredicto en junio. Fue presentada ante la justicia estadounidense y se espera un fallo favorable.

El despacho de abogados británico, el principal receptor de los fondos provenientes del juicio que resultó en una condena de USD 16.000 millones contra el Estado argentino, es consciente de que Argentina no tiene los medios para cumplir con el pago. Sin embargo, su mayor preocupación radica en la falta de cooperación por parte de las autoridades locales, tanto del gobierno anterior como de la actual administración libertaria, al menos hasta el momento, para entablar negociaciones tras la condena emitida el año pasado.

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.

YPF: más de 9 años de litigio

Después de más de 9 años de litigio y durante la fase de apelación, la demanda fue presentada luego de que la jueza Loretta Preska dictaminara en contra del país, declarándolo responsable de la expropiación incorrecta de la petrolera en 2012, durante el mandato de Cristina Kirchner como presidenta.

Hace unos días, Burford había expresado su deseo de adquirir el conjunto de acciones en una solicitud confidencial. Argentina instó a que esta solicitud fuera hecha pública, lo cual fue aceptado por Preska, y la noticia se dio a conocer esta tarde. De acuerdo con Sebastián Maril, de Latin Advisors, la solicitud también abarcó las participaciones accionarias de YPF que actualmente son propiedad de las provincias.

“En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio. Recordatorio: la ley de Expropiación dice que ‘...se encuentra prohibida la transferencia futura de [las acciones] sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’”, destacó el especialista.

Preska había indicado que las acciones de YPF del Estado podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros.

Respecto a si Preska puede fallar a favor de Burford y exigir la transferencia, el especialista señaló que esta situación surge debido a que Argentina no proporcionó una garantía en enero como se había programado y porque no ha habido conversaciones con los destinatarios del fallo.

Apuntó también que existe la posibilidad de que la jueza apruebe la transferencia de las acciones, ya que previamente expresó que podrían servir como garantía. En caso de que esto ocurra y el Estado no cumpla, estaría incumpliendo con la corte estadounidense, situación que ya ocurrió con el juez Thomas Griesa hace casi una década. Volver a desobedecer a un tribunal estadounidense sería problemático. Considero que lo que busca Burford es entablar negociaciones y generar atención.

Embargos

A principios de marzo se divulgó que se habían iniciado los trámites para reconocer la sentencia, el paso inicial antes de iniciar las solicitudes de embargo de los activos estatales. Argentina impugnó la medida, pero nunca proporcionó garantías por los USD 16.000 millones, lo cual provocó la solicitud de embargo y la actual petición de transferencia de acciones.

A finales de 2023, Milei abordó el tema, afirmando que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”.

Argentina no puso una garantía en enero como estaba previsto.

El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.

“Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo Milei con respecto a su propuesta, y habló del “error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”. “Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó.

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