Hoy se publicó la normativa para el RIGI, el sistema diseñado para atraer importantes inversiones extranjeras en sectores clave de la economía.
El RIGI aplica a proyectos de inversión que excedan los USD 200 millones en ocho sectores estratégicos.
Este viernes, el Gobierno Nacional aprobó las regulaciones para el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Esta normativa introduce ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias con el objetivo de promover importantes proyectos de inversión en sectores clave. A continuación, se exponen los aspectos principales de este nuevo régimen en funcionamiento y su estrategia para captar inversiones extranjeras en el país.
El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) es un programa diseñado para captar inversiones significativas en áreas clave de la economía argentina. Este esquema está dirigido a proyectos cuyo monto supera los 200 millones de dólares, lo que indica una inversión considerable. Su propósito es ofrecer estímulos que optimicen el entorno empresarial y atraigan tanto a inversionistas locales como internacionales, aunque es probable que los proyectos más relevantes provengan del extranjero debido a la magnitud de las inversiones necesarias.
El RIGI está concebido para proporcionar estabilidad legal y fiscal a los inversores, con la premisa de que la previsibilidad es esencial para consolidar la confianza de aquellos interesados en implementar proyectos a largo plazo en el país. Este régimen se inscribe en el marco de las políticas del Gobierno de Javier Milei, orientadas a fomentar la producción, crear empleo y elevar las exportaciones a través de la llegada de inversiones capaces de revolucionar sectores fundamentales de la economía.
El RIGI no es aplicable a todas las inversiones. Únicamente sectores estratégicos específicos de la economía argentina tienen la posibilidad de beneficiarse de este régimen, lo cual subraya una estrategia enfocada en potenciar áreas que juegan un papel crucial en el crecimiento productivo y económico del país.
Los campos que podrán aprovechar este régimen incluyen: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y el sector de petróleo y gas. A continuación, se detallan algunos de los beneficios particulares para cada sector:
Forestoindustria
Incentivos para la industrialización y explotación de recursos forestales:
Ventajas fiscales y aduaneras para la adquisición de maquinaria y piezas de repuesto.
Turismo:
Apoyo a iniciativas de hospedaje y alojamiento. Exoneraciones fiscales y aduaneras para infraestructuras turísticas.
Infraestructura:
Beneficios para el desarrollo de redes y sistemas tanto públicos como privados, abarcando transporte, logística y proyectos recreativos. Exoneraciones en derechos de importación para equipos destinados a obras de infraestructura.
Minería:
Impulso a la exploración, desarrollo y explotación de yacimientos minerales. Exoneraciones en derechos de importación para maquinaria y componentes usados en actividades mineras.
Tecnología:
Estímulos para la creación de productos y servicios tecnológicos avanzados en campos como biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial y otros. Condiciones fiscales preferenciales para empresas del sector tecnológico que apuesten por la innovación.
Siderurgia:
Impulso a la producción y tratamiento de hierro, acero y sus aleaciones. Ventajas fiscales para la fabricación de productos básicos y manufacturados en la industria siderúrgica.
Energía:
Incentivos para la generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía, abarcando tanto fuentes renovables como no renovables. Exoneraciones fiscales para grandes proyectos energéticos, tanto en el ámbito de las energías renovables como en el de las tradicionales.
Petróleo y Gas:
Liberaciones de tarifas aduaneras para la infraestructura vinculada a la extracción de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado. Flexibilidad en el tipo de cambio para proyectos a largo plazo y exoneración de derechos de exportación durante los primeros tres años.
Estos sectores fueron elegidos por su importancia en el desarrollo sostenible y la competitividad global de Argentina. El Gobierno anticipa que las inversiones en estas áreas no solo fomenten el crecimiento económico, sino que también creeen empleo, promuevan avances tecnológicos y contribuyan a la diversificación de las exportaciones del país. No obstante, cada sector tiene criterios específicos respecto al monto mínimo de inversión requerido para calificar.
Un aspecto crucial del RIGI es el monto mínimo de inversión necesario, que varía según el sector. En la mayoría de las áreas, como la forestoindustria, el turismo y la siderurgia, se exige una inversión mínima de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos o con mayores riesgos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento en este sector deben exceder los 300 millones de dólares, mientras que para proyectos de exploración y explotación se requiere una inversión mínima de 600 millones de dólares.
Este requisito de una inversión mínima elevada cumple dos propósitos. En primer lugar, garantiza que los proyectos incluidos en el régimen sean de magnitud suficiente para causar un efecto notable en la economía. En segundo lugar, favorece las inversiones a largo plazo que exigen una planificación exhaustiva y un compromiso continuo, alineándose con el objetivo de atraer capitales que promuevan el empleo y el desarrollo sostenido.
Las compañías interesadas en sumarse al RIGI dispondrán de un período de dos años a partir de la implementación del decreto para hacerlo. En otras palabras, las empresas tienen hasta agosto de 2026 para presentar su solicitud para integrarse al régimen, con la opción de extender este plazo por un año adicional si el Gobierno lo determina. Este período relativamente largo tiene el propósito de ofrecer a las empresas el tiempo necesario para planificar y organizar sus inversiones antes de comprometerse oficialmente.
El establecimiento de un plazo para la adhesión resalta la intención del Gobierno de promover un flujo de inversiones en un marco temporal específico, lo que podría contribuir a estimular la economía a corto y mediano plazo. Las empresas deberán elaborar y presentar un plan de inversión detallado que abarque todas las fases del proyecto, incluyendo un cronograma de las inversiones y una estimación de los recursos asignados a cada etapa.
Uno de los principales atractivos del RIGI radica en los incentivos fiscales que brinda a las empresas que se incorporan al régimen. Entre las ventajas más notables se encuentra la disminución del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son entidades establecidas exclusivamente para ejecutar un único proyecto de inversión.
Además, las empresas tendrán la posibilidad de amortizar de manera acelerada los activos muebles e infraestructura adquiridos para el proyecto. Esto les permitirá recuperar parte de su inversión mediante reducciones fiscales en los primeros años de operación.
Un beneficio adicional importante es la reintegración de saldos favorables de IVA en un período máximo de tres meses, lo que optimiza el flujo de caja de las empresas, algo crucial durante los primeros años de un proyecto de gran magnitud. Asimismo, se autoriza la deducción del 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito fiscal en el Impuesto a las Ganancias, lo que aligera la carga impositiva sobre las transacciones financieras de las empresas.
En relación con las importaciones, las empresas que se adhieran al RIGI no tendrán que abonar derechos de importación por bienes de capital, repuestos, componentes e insumos esenciales para la ejecución del proyecto. Este incentivo resulta crucial, ya que disminuye los costos iniciales de las inversiones, que suelen ser altos en proyectos de infraestructura o industriales. Además, durante los primeros tres años del proyecto, las empresas estarán libres de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de su producción en los mercados globales.
El régimen también ofrece incentivos cambiarios particulares para las empresas que se sumen al RIGI. Una de las principales medidas es la exención parcial de la obligación de convertir las divisas obtenidas por exportaciones en el mercado cambiario. En los primeros dos años desde el inicio de la inversión, las empresas solo tendrán que convertir el 20% de las divisas. Este porcentaje se incrementará al 40% en el tercer año y alcanzará el 100% en el cuarto año.
Este alivio progresivo busca ofrecer mayor flexibilidad financiera a las empresas durante los primeros años de funcionamiento, cuando los proyectos aún están en desarrollo y los ingresos no han alcanzado su pleno potencial. Además, para los proyectos estratégicos a largo plazo, los plazos para la conversión de divisas pueden ser aún más flexibles, comenzando con un 20% después del primer año de actividad y aumentando de forma gradual en los años siguientes.
Para seguir beneficiándose de los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios bajo el RIGI, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos. Un aspecto fundamental es que las empresas deben haber invertido al menos el 40% del monto mínimo requerido en activos elegibles durante los dos primeros años tras la aprobación de su solicitud de incorporación al régimen. Además, deben adherirse a los cronogramas de inversión que se detallaron en su plan inicial.
El no cumplir con estos requisitos puede resultar en la pérdida de los beneficios, pero no tendrá efectos retroactivos, es decir, las empresas no deberán reembolsar los incentivos ya obtenidos. No obstante, deberán prestar atención a los plazos y condiciones para evitar la pérdida de los incentivos concedidos.
Con el RIGI, el Gobierno tiene el objetivo de establecer un entorno propicio para captar grandes inversiones que puedan revitalizar áreas cruciales de la economía argentina. Al proporcionar incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, el régimen pretende disminuir las barreras para la inversión y garantizar un marco estable y predecible para el desarrollo de proyectos a largo plazo. No obstante, el éxito de este régimen estará condicionado en gran medida por la habilidad del país para atraer y mantener estas inversiones en un entorno global cada vez más competitivo.
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