El Gobierno Nacional buscará acelerar esta semana con la reglamentación de distintos aspectos de la Ley de Bases.
El Gobierno Nacional quiere acelerar esta semana con la reglamentación de varios puntos de la Ley de Bases, entre ellos la letra chica del régimen de grandes inversiones (RIGI), que es mirado de cerca por las empresas de distintos rubros para saber qué operaciones quedarán alcanzadas por el nuevo esquema con facilidades tributarias y cambiarias.
Asimismo, se prevé que esta semana la oficialización de un esquema para que los empleados de organismos públicos que se cierren tengan apoyo salarial del Estado mientras se incorporan al sector privado y los cambios a la ley que regula las concesiones de obra pública.
El RIGI es el punto de la Ley de Bases más esperado por el sector privado y es señalado como uno de los motores que pueden tener las empresas para realizar grandes inversiones en un puñado de sectores beneficiados por las facilidades que otorga ese régimen.
Fuentes del equipo económico aseguraron que la reglamentación se trabajará en los próximos días y que se dará a conocer sobre el cierre de la semana. Las empresas están en alerta porque buscan garantía por parte del Gobierno Nacional, en especial los industriales, de que la redacción fina asegure que la exención de aranceles para insumos y bienes de capital no excluya al sector fabril local.
A grandes rasgos, el RIGI sostiene que durante 30 años, las exportaciones que surjan de los proyectos que ingresen a ese esquema no pagarán retenciones; tributarán sólo 25% del Impuesto a las Ganancias; podrán tomarse a cuenta de ese impuesto el 100% del impuesto al cheque y gozarán de un mecanismo de compensación de los créditos fiscales de IVA durante la etapa de construcción. A su vez, en materia cambiaria, a partir del segundo año de iniciado el proyecto podrán dejar el 20% de las ganancias fuera del país; el 40% al tercer año y luego la totalidad.
Otro tema en el que trabajó el equipo económico para que sea oficializado en estas horas tiene que ver con los cambios a la Ley N°17.520 de Concesión de Obra Pública, también incluida en la ley de Bases. Un capítulo clave que se reglamentó este lunes en el Boletín Oficial y tiene que ver con el segmento de solución de controversias.
Actualmente, ante incumplimientos de contrato por parte del Estado, las empresas suelen acudir al tribunal internacional del CIADI, perteneciente al Banco Mundial. La letra chica buscará afinar ese proceso, en favor de las empresas concesionarias.
El Gobierno buscará avanzar como próximo paso en la reglamentación del nuevo esquema que sostendrá el pago del salario durante un año para trabajadores de organismos que el Estado busque cerrar, una de las ideas que en los últimos días verbalizó el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.
La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado, los empleados que se encuentren en planta permanente pero pasen a quedar afectados por la restructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.
El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese trabajador no encontró un puesto en el sector privado será despedido e indemnizado.
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