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SUSCRIBITEAquellas personas que padecieron delitos de lesa humanidad en Argentina, no recibirán más la indemnización que el Estado les proveía.
Foto ilustrativa.
Este lunes, el ministro de Justicia del Gobierno de Javier Milei informó que ya no pagarán más las indemnizaciones que recibían aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura militar.
“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dando cuenta del comunicado.
De acuerdo al texto, difundido a través de la cuenta oficial de X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.
El ministro, integrante del gabinete del presidente Javier Milei, avanzó en la decisión a través de la resolución ministerial N RS - 2024 - 40979055 - APN - MJ, mediante la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
Entre los fundamentos, Justicia señala que la medida surge a partir de la causa “”Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.
“El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, finaliza el texto que compartió Cúneo Libarona.
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