El Gobierno nacional presentó un Recurso Extraordinario Federal para intentar suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva avanzada judicial para frenar la obligación de transferir fondos a las universidades públicas. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Según el planteo oficial, el recurso apunta a dejar sin efecto la sentencia de la Cámara que había confirmado la medida cautelar a favor de la aplicación de esos artículos y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto 759/2025. Esos puntos están vinculados con el financiamiento universitario y la recomposición salarial en el sistema público de educación superior.
Qué busca el Gobierno con la presentación
La Casa Rosada quiere que el recurso tenga efecto suspensivo, para no tener que empezar con el flujo de transferencias a las universidades. Sin embargo, el propio texto señala que, hasta tanto la Justicia no conceda ese efecto, el Ejecutivo sigue obligado a cumplir con los pagos. De hecho, una fuente oficial reconoció que el plazo límite para comenzar a transferir fondos ya se encuentra vigente.
Las seis claves de la Ley de Financiamiento Universitario que trata el Senado.
Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario (archivo).
El Gobierno sostiene que la intervención de la Corte será necesaria porque existe una cuestión federal y porque la cautelar vigente le provoca un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, ya que ordena gastos sin financiamiento específico. En ese argumento, el oficialismo afirma que esa situación compromete el equilibrio fiscal y afecta la sostenibilidad de las funciones estatales.
La discusión por el financiamiento
Aunque la ley fue ratificada dos veces en el Congreso, desde el Gobierno insisten en que sigue siendo de “imposible aplicación” porque, según sostienen, no prevé una fuente clara de financiamiento. También remarcan que la ejecución de gastos requiere partidas específicas aprobadas por el Congreso y acusan al Poder Judicial de avanzar sobre atribuciones propias del Ejecutivo y del Legislativo.
Dentro del Ejecutivo reconocen además un problema central: hoy no cuentan con los fondos necesarios para afrontar el pago. Según una fuente citada en el expediente periodístico, la obligación podría implicar una transferencia de $2,5 billones a las universidades, con el consiguiente impacto sobre las cuentas públicas.
Qué puede pasar ahora
El caso seguirá su camino hacia la Corte Suprema, aunque dentro del propio Gobierno admiten que es poco probable que el máximo tribunal acepte tratar el tema por tratarse de una cautelar y no de una cuestión de fondo. Además, el Ejecutivo pidió que los tres jueces de la Corte se excusen por ser docentes universitarios y que se convoque a conjueces.
Mientras tanto, si no se concede el efecto suspensivo, la administración nacional seguirá obligada a transferir los fondos que establece la ley para actualizar salarios docentes y no docentes, además de recomponer las becas estudiantiles.
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