El Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario federal de per saltum para intentar dejar sin efecto la suspensión judicial de parte de la reforma laboral. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación y apunta a que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sin esperar una resolución de segunda instancia.
Según surge del escrito, el objetivo es revisar el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la norma. En representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, la Procuración pidió que la Corte acepte el recurso, declare su admisibilidad y suspenda los efectos de la cautelar hasta que haya una decisión definitiva.
En su planteo, el Estado nacional sostiene que la sentencia fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso judicial concreto ni legitimación activa colectiva suficiente. El escrito cuestiona además la acción iniciada por la CGT, que había pedido la inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley y su suspensión cautelar.
El punto más controvertido es que el esquema implica una reconfiguración del destino de aportes que hoy se dirigen al sistema jubilatorio.
Para la Procuración, la central obrera no acreditó un perjuicio específico ni un caso concreto, sino que basó su demanda en argumentos generales y abstractos. También afirmó que la CGT no tiene legitimación suficiente para representar en este proceso a todos los trabajadores del país.
Conflicto de competencia y gravedad institucional
El recurso también remarca que se trata de una causa de competencia federal, ya que el Estado nacional es parte y los efectos de la resolución alcanzan a todo el país. En esa línea, recordó que el 10 de abril el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a una inhibitoria y reclamó el expediente, aunque hasta ese momento no se había revertido la suspensión dictada por el fuero laboral.
La Procuración calificó el escenario como de “gravedad institucional”, al considerar que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal local afecta la división de poderes y avanza sobre atribuciones del Congreso. También advirtió sobre un “perjuicio irreparable” por la incertidumbre generada en torno a la vigencia de la ley, con impacto sobre la seguridad jurídica y el marco regulatorio para trabajadores y empleadores.
Qué le pide el Gobierno a la Corte
En el cierre del planteo, el Gobierno sostuvo que la única vía eficaz para revertir la medida es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el mecanismo de per saltum. Por eso pidió que el tribunal suspenda los efectos de la sentencia cuestionada y restituya la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se resuelve el recurso extraordinario.
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