Este martes, el presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión con los gobernadores con el objetivo de seguir analizando de qué forma continuar con el pedido de juicio político al que dará lugar contra Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema.
La intención de hacer el juicio político contra Rosatti había comenzado a tener lugar el domingo último, cuando Fernández, en la antesala de su viaje a Brasil para presenciar la asunción de Lula, comunicó que su decisión contaba con el apoyo de muchos gobernadores.
En base a lo que le han informado fuentes oficiales a colegas de Télam, dichos políticos se juntarán desde las diez de la mañana. Cabe destacar que se trata de la segunda reunión entre Fernández y los gobernadores desde el fallo brindado por el máximo tribunal, el cual fue a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre lo que fue la proporción de los fondos de coparticipación federal para dicho lugar, que es gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", dijo el mandatario por medio de una carta difundida por la Casa Rosada.
También, en una nota con colegas de C5N en Brasil, Fernández manifestó su "preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes". "Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión" de la justicia, profundizó.
Además, el presidente le destinó unas palabras a Rosatti, al indicar que, además de ser titular de la Corte, "tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso".
En esta línea, alertó: "En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura". Fernández dijo también que "uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo 'no viajamos, no me pagaron el viaje'", refiriéndose al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a dicha zona patagónica.
El fallo por la coparticipación
El conflicto tiene lugar a raíz del fallo en el que la Corte Suprema de Justicia determinó que el Gobierno nacional le debe pagar a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, provocando de esa forma el reclamo que había comenzado la administración liderada por Horacio Rodríguez Larreta.
Luego de ese fallo, 18 gobernadores -en diferentes niveles de consentimiento, pero todos de acuerdo - han rechazado dicha resolución establecida por la Corte y denunciaron que todo consistía en una regresión al sistema federal de gobierno.
En este sentido, Martín Soria, ministro de Justicia, aseguró que existe una "relación promiscua" entre la Corte y el Gobierno porteño y dijo que los hechos de los últimos días reflejaron claramente que la Justicia "no es ni independiente ni imparcial" en Argentina.
Soria indicó que el pedido de juicio político a Rosatti "es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas, de actitudes y fallos que son totalmente arbitrarios e injustificados" y además "contrarios a la Constitución y a las leyes".
"El último, quizás el más vergonzoso y más arbitrario, fue conceder una cautelar al Gobierno de la Ciudad barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, solo con el objeto de financiar la campaña presidencial del jefe comunal", agregó. Sin embargo, expresó también que "el mal desempeño no se agota en ese único y vergonzoso fallo de la coparticipación".
Por el lado de la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, ella aseguró que el oficialismo tiene los votos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para dar lugar a "la apertura" del sumario.
Este lunes, el canciller Santiago Cafiero le adjudicó la responsabilidad este lunes al Poder Judicial de generar "tensión" con los otros poderes del Estado al "avanzar" con potestades que le son propias al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, con decisiones que afectan al "federalismo".
Cafiero elogió la iniciativa de juicio político porque brinda la posibilidad de "llevar adelante el mecanismo institucional, republicano" previsto en la Constitución Nacional para que "se abra una investigación en el seno del Congreso de la Nación" respecto a la conducta de los integrantes del máximo tribunal.
La senadora por Buenos Aires oficialista Teresa García vio como "auspicioso" el pedido de juicio político ya que, alertó, "no se puede construir una institucionalidad seria" cuando se tiene "a un señor que cree que es un emperador", en referencia al presidente de la Corte.
"Es auspicioso que se ponga la máxima institucionalidad encima de este tema, esto instala el debate de la máxima institucionalidad del país que es el presidente de la Nación, de alguna manera resistiendo y defendiéndose de los embates que está teniendo la Corte sobre el resto de los poderes", indicó la legisladora.
"Es correcto que el Presidente ponga el tema sobre la mesa. Hoy no tenemos número, hay que construirlo y para eso hay que construir sentido", resaltó García al manifestar que "hay que seguir en esta postura para que no ocurra lo que que está ocurriendo hace casi 6 años".
Por el lado de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), han rechazado el pedido de juicio político al considerarlo una "maniobra desesperada" que se relaciona con "un nuevo ataque" contra la Justicia.
"Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad", señaló JxC por medio de un comunicado.
Se aseguró a su vez que el pedido de juicio político a Rosatti se trata de una "trasnochada pretensión" y que se enmarca en un "nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado".
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