Esta tarde el Gobierno nacional presentó dos escritos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo que suspenda los efectos del fallo donde se ordena entregar 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Coparticipación: el Gobierno pidió la suspensión del fallo
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó dos escritos recusando a los jueces de la Corte y pidiendo la suspensión del fallo de coparticipación.
Los documentos son firmados por el Procurador del Tesoro nacional, Carlos Zannini, quien plantea el recusamiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y plantear el revocamiento del fallo dictado la semana pasada con efecto suspensivo y que, oportunamente, se deje sin efecto la resolución que favorece al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
“A través del fallo aquí cuestionado la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales", indica el escrito presentado y subraya que “Al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia justifica que los señores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”.
Coparticipación: el gobierno reduciría fondos a Capital
Planteo de la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno de la Ciudad presentó en donde se sostiene que el Estado Nacional se encuentra incumpliendo el fallo porque ya no le depositó el dinero que debía salir desde los fondos del Banco Nación para comenzar a cumplir con la cautelar.
Ambos planteos quedarán para el 2023. Es que quedan solo dos días de actividad judicial de 2022 y durante enero, el Poder Judicial está en receso de verano y solo tramitan cuestiones urgentes. No será este caso, en donde se discute una cuestión patrimonial, parte de esas causas urgentes.
Ahora, a través de una serie de escritos, el Gobierno Nacional sostuvo que debe dejarse sin efecto la sentencia dictada el miércoles de la semana pasada: se trata de un fallo “arbitrario, injusto y parcial, con grave afectación al principio de la división de poderes y por consiguiente a los intereses de la Nación en su conjunto”. Y se añadió que “el encuadre que le da el fallo que nos ocupa, revela que la Corte anticipa su criterio sobre el fondo: los gastos derivados del traspaso de funciones de seguridad deben ser atendidos, según el Tribunal, en el marco del régimen de coparticipación”.
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