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SUSCRIBITEEn una audiencia clave en Nueva York exige a Argentina revelar comunicaciones internas. La sentencia que debe pagar la Argentina es por US$16.100 millones.
Fallo contra Argentina en el juicio por YPF (Foto ilustrativa).
En una audiencia trascendental del Juicio por YPF, la jueza federal Loretta Preska ordenó a Argentina entregar chats de WhatsApp y correos electrónicos de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. La medida, reclamada por los fondos demandantes, busca aclarar aspectos fundamentales del caso y se desarrolló en una sesión de 90 minutos entre ambas partes.
La jueza Loretta Preska analizó el pedido realizado por los fondos demandantes, quienes solicitaron acceso a las comunicaciones privadas de los actuales y exministros de Economía argentinos. Este avance procesal podría aportar nuevas pruebas a la disputa legal que atraviesa Argentina.
Tras evaluar el requerimiento, la magistrada federal concedió el pedido, instando al gobierno argentino a entregar tanto los chats de WhatsApp como los correos electrónicos vinculados a ambos funcionarios. Esta decisión refleja la intención del tribunal de profundizar la investigación sobre las posibles acciones y negociaciones detrás de YPF.
El proceso se da en medio de los que se conoce como el “discovery” del alter ego, o demostrar que el Estado y la petrolera “son lo mismo”. Y no solo con YPF sino también con otras empresas, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
La entrega de estas comunicaciones podría ser determinante para desentrañar las circunstancias que rodean el caso y ofrecer mayor transparencia en la gestión económica vinculada a YPF. Además, supone un punto de inflexión en el litigio que enfrenta a Argentina con los fondos demandantes, quienes buscan una resolución favorable con bases documentales sólidas.
Es importante recordar que la semana pasada, la Argentina presentó argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la transferencia del 51% de las acciones de YPF. Según informó la Procuración del Tesoro, "la orden de entrega vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero" y contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos. En caso de un fallo adverso, el Gobierno anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de ese país.
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