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SUSCRIBITE Investigan los hechos del 20 de junio en la Legislatura de Jujuy.
Los fiscales Diego Funes y Walter Rondón del Ministerio Público de la Acusación, están llevando a cabo un trabajo fino de investigación ante los hechos ocurrido en la Ruta 9 de Purmamarca y lo ocurrido en la Legislatura de Jujuy el 20 de junio.
En contexto con el corte de ruta nacional en el norte de la provincia, el fiscal Rondón explica que “no habían tomado intervención las fuerzas federales, nosotros declaramos el procedimiento en fregancia. Ante la comunicación y la noticia que teníamos de que estaba obstruida la vía del norte en la intersección de la Ruta 9 con Purmamarca por instrucciones del señor fiscal general me constituí en forma personal a las 14 horas, luego llegó el Ministro de Trabajo con la Ministra de Desarrollo Humano y la Ministra de Ambiente y nos acercamos a la zona del piquete con la ruta cortada donde habían piedras, rieles, durmientes, a solicitarles que era un ilícito que no se podía, que podían hacer su reclamo pero que la vía del norte que es importante y la del Paso de Jama que estaba cortada también, y fue en vano la solicitud” expresó el fiscal.
En ese sentido contó que “había transporte de carga, transporte de pasajeros, ambulancias, móviles oficiales cumpliendo funciones y una fila calculo de 4km con particulares, mucho turismo, que tenían reservadas hechas a lo largo de toda la Quebrada y que bueno, veían frustradas sus vacaciones porque no había posibilidades ni expectativas de que el corte se levantara”.
En la entrevista, haciendo referencia a los dichos de que la justicia provincial no tendría que haber intervenido, Rondón explica que “esta era una obligación procesal, teníamos que hacer cesar las consecuencias de un ilícito”.
Funes por su parte, detalló el equipo de trabajo que está llevando adelante esta investigación resaltando que se han dividido las partes, en tanto Rondón a lo acontecido en Purmamarca y él de lo acontecido en la Legislatura el pasado martes 20 de junio.
Hizo referencia al corte que se plantó en Purmamarca: “cortar la ruta es un ilícito, esta previsto en el artículo 194 del Código Penal; entorpecer o/u obstaculizar el transporte terrestre. Eso está previsto como un delito de acción pública por lo tanto cabe a cualquier fuerza de seguridad actuar en fragancia si ven que se está cometiendo ese ilícito”.
“Desde la fiscalía hemos requerido a juicio por este delito de la obstaculización u obstrucción del transporte terrestre” dijo Funes haciendo hincapié en que no hubo acción por parte de la Justicia Nacional ante estos hechos. En ese sentido aclaró “si bien esto hay que compatibilizarlo y analizarlo con otros compendios de normas pero que claramente está descripta como conducta típica dentro del código penal por lo tanto, entiendo que cualquier fuerza de seguridad la Federal la Provincial está autorizada para actuar ante un fragante delito”.
Rondón tomó la palabra y explicó: “nosotros hemos procedido obviamente cuando se produjo ya el enfrentamiento en contra de la policía trataron de calmar la situación, se procedieron a arrestos y en base a los arrestos se procede al secuestro de las personas que tenían celular. Luego una vez que se hace ese arresto nosotros tenemos que solicitar por vía de audiencia al juez que nos convalide el secuestro y que luego nos autorice a la extracción de datos de dichos teléfonos, por la cuestión de la reserva de datos que tiene la persona, la privacidad y eso ya está autorizado estamos haciendo el análisis”.
Continuando detalla al respecto que el Ministerio Público de la Acusación cuenta con un organismo de investigación con especialistas en informática que hacen la extracción de datos una tarea que lleva su tiempo ya que son muchos teléfonos sobre todo la causa que lleva Diego Funes en la Legislatura que es de mayor cantidad”, detallando que su parte tiene 24 imputados en Purmamarca y en el caso del fiscal Funes, 69 personas siendo investigadas.
El fiscal Rondón expresa cómo continúa el procedimiento: “luego de la extracción, comienza la tarea del análisis de la información que se obtiene de esos teléfonos y luego se cruza información con los datos que tenemos y vamos investigando poco a poco, más el recaudo de todas las imágenes fílmicas sobre todo de los canales de televisión de la ciudad”.
Explicó que “hemos vuelto a liberar oficio a todos los canales de televisión de la ciudad para que aporten las imágenes fílmicas que tengan, que son hechos en forma pública ya que estaban transmitiendo y condice con la realidad de los hechos y en base a eso hemos iniciado las investigaciones”.
El fiscal Funes determinó como “fundamental” las imágenes que fueron atribuidas desde el 911. Rondón en ese sentido comentó que el Centro de Monitoreo realizó un compendio de imágenes “nos complicaron de todos los lugares donde se han producidos incidentes en la ciudad. La cámara del 911 está grabando permanentemente, si tenes que ver un incidente que se realizó en determinada hora, minuto y segundo, se ha cortado esas partes y se ha hecho un compendio que nos mandaron ahora para incorporarlo como pruebas”, en cuanto a lo de la Legislatura.
En dicho mediodía también se pudo ver otro tipo de delitos a los que Rondón aclara “que también ver qué tipo de actos ha cometido por que unos estaban en la pedrada y otros quemando autos, entonces son distintas las figuras que van a encuadrar en el Código Penal, puede haber concurrencia, dos delitos juntos, en ese caso Diego tiene la tarea más ardua porque son varios los delitos que están encuadrados en ese expediente, porque además también entraron a la Legislatura”.
El fiscal Funes al respecto y de manera vulgar explica que normalmente los delitos fragantes tiene una aprobatoria mucho menor porque la persona es aprehendida con “la mano en la masa”, pero en este caso, al ser un disturbio tan generalizado, hay que hacer el esfuerzo de recabar en la evidencia fílmica y discernir que hizo cada uno dentro del esquema delictivo general, no es tan sencillo y lleva su tiempo”.
En la búsqueda de la organización de estos disturbios, los fiscales sostuvieron que la “exploración de celulares nos puede servir también para abrir la puerta para lo que es la organización, quien daba las órdenes, la planificación previa y todo esto son cuestiones que llevaran un tiempo que por ahí exceden el marco de la fragancia”.
“Desistimos a la fragancia para ir más a fondo, por la cantidad de ilícitos, por la cantidad de gente involucrada, para continuar con mayor plazo para hacer pruebas”, aclararon los fiscales.
En medio de los disturbios el 20 de junio, un grupo no identificado logra ingresar a la Legislatura de Jujuy por una de las ventanas a destruir el interior de una de las oficinas y quemar el lugar.
“Esto es gravísimo, el ‘quemen todo, no se lleven nada’; en la Legislatura hay un digesto y hay una biblioteca y el estrago en contra de un bien público como esto tiene un agravante”, expresa Rondón al respecto.
Por su parte el fiscal Funes quien está a cargo de específicamente esta investigación explica que “al haber un archivo en este caso dentro de la Legislatura dentro de ese edificio, agrava la figura del incendio o el estrago. Pero la motivación de por qué se dio concretamente una orden de esta naturaleza eso es lo que vamos a tratar de dilucidar”.
En modo de hipótesis determinó dos escenarios: “primero si había un plan cual era, porque evidentemente lo que puede haber ocurrido es que había un plan en un sentido y lo que pretendían con esa orden, quien ejecutaba el plan seguía a lo que justamente habían previsto de manera previa, y que no haya un robo porque eso no estaba dentro de lo planificado”.
Agregó que “la cuestión de la organización delictiva o la planificación de esto que ocurrió, es parte importante de la investigación y se está ahondando en este sentido”.
Uno de los detenidos que se encontraba en los disturbios, entre sus pertenencias llevaba una suma importante de dinero.
El fiscal Rondón expresó al respecto "cuando se hizo una detención cerca de la fuente en la calle Jorge Newbery, la persona detenida y se le ha secuestrado dinero, y se le está realizando la legitimidad de esos fondos. Esa persona tiene que acreditar que hacía con casi 500mil pesos en los disturbios y acreditar la licitud de fondos”.
Funes declara que “todos los detenidos están en libertad, la gran mayoría ha sido imputada por el ilícito. Se les está haciendo conocer causa de manera paulativa por la cantidad de gente que es, no podemos citar a los 90 que acudan en un mismo día a la fiscalía”.
En ese sentido detalló que “la mayoría son gente de acá” y que otros “son de lugares muy alejados, de las comunidades y que se nos complica tomar declaraciones pero con nuestro nuevo Código Procesal Penal eso será posible”.
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