La Cooperativa de Tabacaleros cambió las autoridades a fines del 2012 y las nuevas que asumieron en el 2013 solicitaron una auditoría contable que abarcó los períodos 2006 al 2012. Para la misma contrataron los servicios del estudio Deloite Asociados, quienes luego de su tarea profesional, arribaron a contundentes decisiones que marcan el estado de descalabro administrativo existente en la cooperativa.
Entre las irregularidades que se encontraron y que derivaron en una denuncia penal por las cuales ya existen siete directivos y empleados imputados, podemos nombrar la transferencia de fondos a la firma Monterrico S.A., sin la existencia de registraciones contables algunas que identifiquen el envío de dichos montos.
También hubo dinero que se depositaba en la cuenta del Gerente de esa institución, el CPN Esteban García y por las cuales no se verifica motivo alguno para dicho depósito.
También se cobraron honorarios de integrantes del Consejo de Administración que estaba en uso de licencia como así también el pago de honorarios a profesionales que, por su incompatibilidad con sus cargos, no podrían haberse abonado.
La cooperativa registró mutuos motivos de transacciones dinerarias, en los cuales se puede verificar la devolución de ese dinero, pero no se puede constatar que los fondos del mismo hayan ingresado a la cuenta de la misma.
Otro de los hechos que se registraron es el se pago a profesionales relacionados con la cooperativa que no podrían haberlo hecho producto de la incompatibilidad de los cargos que ejercían en ese momento.
Se detectaron préstamos de cifras considerables a asociados como anticipo para la compra de insumos, los cuales eran devueltos varios meses después, en algunos casos con importantes atrasos, sin el pago de interés alguno. De esta manera transformaron a la institución que tenía importantes problemas financieros, en una sociedad de beneficencia para algunos asociados.
Estas denuncias fueron realizadas en el año 2013 y recayó en la fiscalía del Dr. Alejandro Madonado, los directivos cuando fueron citados a declarar, todos se absolvieron de hacerlo.
La investigación está basada en la probable administración fraudulenta y en la aprobación de balances falsos. En este momento la Justicia trabaja en las periciales correspondientes que le den sustento a lo que podría significar el procesamiento de empleados y de integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa.
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