Referentes de la Intergremial rechazaron el proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Económica y Social de la provincia que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura, y que será debatida en comisiones este miércoles 3 de abril.
Las caras visibles de los sindicatos que integran esa organización, aseguraron que el proyecto atenta contra los derechos de los trabajadores, y pone en riesgo la estabilidad laboral de muchos de los empleados contratados y de planta transitoria.
Además explicaron que también pone en riesgo el pago de los salarios en tiempo y forma, y subrayan que esto implica un ajuste brutal que afectará las retribuciones y las condiciones laborales, y marcaron que la norma habilita a jubilaciones compulsivas.
La Intergremial la integran sindicatos estatales como el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), la Asociación de Personal de Organismos de Contralor (Apoc) y la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), entre otros.
La Intergremial rechaza la Ley de Emergencia
La Intergremial rechaza la Ley de Emergencia
Los gremios, bajo la consigna “Basta de ajustes sobre las espaldas de las y los trabajadores jujeños”, convocaron a movilizarse a la Legislatura este miércoles a las 17 para mostrar su malestar por la intención de aprobar la ley.
La postura del Gobierno
Carlos Sadir explicó que el Proyecto de Ley de Emergencia enviado a la Legislatura "no busca a dejar a gente sin trabajo”, sino que pretende generar herramientas para “maniobrar en meses que pueden ser muy complejos”.
El Gobernador dijo que la iniciativa no afectará “la situación laboral de los que hoy están trabajando”, y agregó que “en estos años jamás dejamos a nadie sin trabajo, al contario hemos recategorizado y nombrado en planta permanente a muchísima gente”.
El mandatario señaló que el proyecto de ley de Emergencia Económica y Social “solo uno más de los que tuvo Jujuy en su historia”, y que la norma en el año de vigencia, generará que “no se realice recategorización”, y se “restrinja la designación de nuevos contratos, salvo en lugares donde sean de carácter esencial”. Además de que se dé lugar a “revisión de la situación de horas extras”.
“Estamos viviendo una situación muy crítica y necesitamos herramientas para maniobrar en meses que pueden ser muy complejos”, sostuvo el gobernador, y puntualizó que la norma apunta a poder ejecutar “modificaciones presupuestarias, implementar moratorias, reasignar fondos, variar estructuras o cambiar procedimientos”.
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