Recordó Romano que la Ley 26691, sancionada en el año 2011 y promulgada mediante decreto 1109/11, declara sitios de Memoria a los ex centros clandestinos que funcionaron hasta el 10 de diciembre de 1983, asimismo designa al Poder Ejecutivo como responsable de garantizar su preservación, a los fines de facilitar las investigaciones judiciales y también la preservación de la memoria de lo acontecido durante el Terrorismo de Estado.
La legisladora radical indicó que la declaración de Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado, invita a las provincias a adherir a la misma, “para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado y en un símbolo de lo que nunca más debe repetirse en nuestro país”.
La normativa nacional también precisa que para la consideración de sitios de la memoria será tomado en cuenta el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas CONADEP, los testimonios vertidos en procesos judiciales y los registros obrantes en el archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de DDHH de la Nación.
Además declara a la Secretaría de DDHH de la Nación como autoridad de aplicación para propiciar la participación de Universidades Nacionales y otras instituciones educativas para cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos.
Para Romano esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria y su valor testimonial por que constituyeron una de las pruebas judiciales necesarias a fin de responsabilizar penalmente a los autores de los crímenes más aberrantes de la historia.
Agregó que la reconstrucción del funcionamiento del plan sistemático de terror, ineludible para determinar el destino de los desaparecidos, identificar y enjuiciar a los responsables, conocer y transmitir las experiencias genocidas solo ha sido posible gracias al valiente aporte de los sobrevivientes y al trabajo de investigación de los organismo de Derechos Humanos, razón por la cual el Estado debe sostener políticas reparatorias.
La legisladora indicó que en Jujuy son 8 los lugares donde funcionaron Centros Clandestino y aclaró que desde el punto de vista judicial el reconocimiento sobre éstos espacios fue una de las pruebas más importante para acreditar tanto la existencia del sistema represivo como la responsabilidad de los genocidas.
Finalmente argumentó que adherir a la ley 26691 y “Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado” a lugares de tortura, sacándolos a la luz y poniéndolos al servicio de la memoria colectiva de pueblo, permite avanzar a pasos firmes hacia la construcción definitiva de "Nunca Más" genocidio en Argentina.
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