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SUSCRIBITEEl litigio con EE. UU. se originó tras la expropiación de Aerolíneas y Austral en 2008. La condena ejecutable supera los US$390 millones.
La orden de la jueza de Columbia que habilita al fondo Titan Consortium a buscar activos y pedir embargos contra la Argentina para intentar cobrar una sentencia por US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas. (Foto: Corte de Columbia)
La Justicia de Estados Unidos habilitó a Titan Consortium a avanzar con la búsqueda de activos argentinos en el exterior y solicitar eventuales embargos para intentar cobrar una sentencia de US$390,9 millones más intereses, originada en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
La decisión fue adoptada por la jueza Jia Cobb, del Distrito de Columbia, y permitirá que el fondo comience desde este lunes 28 de septiembre el proceso destinado a identificar bienes sobre los cuales podría intentar ejecutar la sentencia.
Un punto importante es que la resolución no implica que exista actualmente un embargo concretado. Lo que hace es habilitar al demandante a buscar activos y presentar solicitudes ante los tribunales correspondientes para intentar cobrar total o parcialmente la deuda.
El conflicto se remonta a la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban controladas por el grupo español Marsans. En diciembre de 2008, el Congreso argentino sancionó la Ley 26.466, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de ambas compañías.
Los antiguos accionistas iniciaron posteriormente un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral vinculado al Banco Mundial.
En 2017, el CIADI dictó un laudo favorable a los demandantes. Argentina intentó anularlo, pero ese pedido fue rechazado en 2019. Los derechos vinculados al reclamo pasaron posteriormente por Burford Capital y quedaron en manos de Titan Consortium, que busca ejecutar el laudo en los tribunales estadounidenses.
En diciembre de 2024, un tribunal estadounidense reconoció el laudo y ordenó a la Argentina pagar aproximadamente US$390,9 millones más intereses.
El país apeló esa decisión argumentando, entre otros puntos, que el reclamo había sido presentado fuera de plazo. Sin embargo, el 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó la sentencia y sostuvo que correspondía aplicar un plazo de prescripción de 12 años.
Argentina pidió posteriormente que esa decisión fuera reconsiderada, pero el tribunal rechazó el planteo a comienzos de septiembre.
El nuevo paso judicial está relacionado con la ejecución efectiva de esa condena. Según la resolución conocida este domingo, la jueza Cobb consideró que transcurrió un plazo suficiente desde la orden de pago sin que se concretara el cumplimiento de la sentencia.
El tribunal dejó así habilitado a Titan Consortium para identificar activos comerciales argentinos en el exterior y solicitar medidas destinadas a intentar cobrar la deuda.
Esto no significa que cualquier bien argentino pueda ser automáticamente embargado. Cada eventual pedido deberá atravesar el correspondiente proceso judicial y será analizado según el tipo de activo involucrado y las normas aplicables.
Desde el 28 de septiembre, Titan podrá avanzar formalmente con la búsqueda de bienes y presentar pedidos de embargo ante los tribunales en los que corresponda.
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