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SUSCRIBITEUn fallo obliga al Ministerio de Economía a proporcionar toda la documentación del crédito acordado con el FMI, reafirmando el derecho público de acceso a la información.
La Justicia ordenó a Luis Caputo entregar un informe completo del acuerdo con el FMI
La Justicia argentina ordenó al Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, entregar en un plazo máximo de cinco días hábiles el expediente completo relacionado con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que aprobó un crédito por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La resolución, dictada por el juez federal de Dolores Martín Bava, surge en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El fallo destaca la importancia del principio de máxima divulgación para las autoridades estatales y enfatiza que toda información pública es accesible, salvo excepciones muy restringidas, lo que resulta fundamental para el control democrático de las decisiones gubernamentales, especialmente en materia económica. En este sentido, el juez señala que el expediente deberá incluir todos los anexos, archivos embebidos y cualquier otra documentación conexa vinculada al DNU.
El proceso comenzó el 27 de junio de 2025, cuando Francisco Verbic, junto con asesoramiento legal de Leonel Bazán y Diego Morales (del CELS), presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Economía. La demanda busca declarar ilegal la conducta administrativa del Estado, que había incumplido el otorgamiento de acceso completo al expediente del préstamo con el FMI, negándose o demorando la entrega de información relevante al público.
El Ministerio había intentado canalizar el pedido a través de la Ley 27.275, que regula el derecho de acceso a la información pública, pero posteriormente desconoció su aplicación, redirigiendo la solicitud a un trámite administrativo que generó dilaciones. Ante esta maniobra, el juez Bava remarcó que la Ley 27.275, sancionada en democracia con amplio consenso, prevalece sobre las normas de procedimiento administrativo promulgadas en gobiernos de facto, por lo que el Estado debe cumplir estrictamente con la entrega inmediata de la información.
El fallo reafirma que en Argentina, toda persona tiene el derecho inviolable a solicitar y recibir información pública sin necesidad de justificar su interés, según el artículo 4 de la Ley 27.275. La Corte Suprema de Justicia también ha sostenido que la información pública pertenece a la sociedad, no al Estado, y que debe primar el criterio de máxima publicidad sobre cualquier limitación.
El juez subrayó que el DNU 179/2025, que autorizó el crédito con el FMI, no contiene detalles suficientes sobre las condiciones y razones del empréstito, subrayando la relevancia de que el acceso a esta información sea pleno y transparente para la ciudadanía.
La decisión judicial además cuestiona expresamente la conducta evasiva del Ministerio de Economía, quien habría querido ocultar documentos relacionados con un acuerdo que tendrá un impacto prominente en la economía y la vida social del país.
Este fallo constituye un avance significativo en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en torno a acuerdos económicos de gran envergadura, reafirmando la importancia del acceso a la información pública como derecho humano fundamental y herramienta central para la supervisión ciudadana.
El Ministerio de Economía deberá entregar el expediente completo en el plazo fijado, permitiendo así que organizaciones, medios y ciudadanos analicen en detalle las condiciones del préstamo con el FMI. La resolución marca además un precedente judicial importante en materia de acceso a la información pública en Argentina.
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