Bolivia vivió este miércoles una nueva jornada de tensión social luego de que una movilización de organizaciones sindicales y campesinas derivara en enfrentamientos con efectivos policiales en el centro de la ciudad de La Paz. La intervención de las fuerzas de seguridad con agentes químicos terminó con al menos cuatro personas aprehendidas, en medio de protestas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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Bolivia: nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía
Nuevos enfrentamientos en Bolivia dejaron varios detenidos en La Paz y agudizan la situación social que ya lleva 41 días con cortes y bloqueos.
La marcha fue encabezada por integrantes de la Federación Sindical de Campesinos Túpac Katari, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales que descendieron desde la ciudad de El Alto y arribaron al centro paceño pasado el mediodía.
Intervención policial
Los manifestantes intentaron avanzar hacia las inmediaciones de la Plaza Murillo, sede de los principales órganos del Estado, lo que motivó la intervención de la Policía para impedir su ingreso. Durante los incidentes se registraron forcejeos, lanzamiento de agentes químicos y momentos de alta tensión entre ambos sectores.
Como resultado de los enfrentamientos, al menos cuatro personas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos.
La protesta también tuvo un fuerte impacto en la actividad comercial y el tránsito en el centro de la capital boliviana. Numerosos comerciantes decidieron cerrar preventivamente sus negocios, mientras que conductores que aguardaban en filas para cargar combustible cubrieron sus vehículos y exhibieron carteles exigiendo la salida del mandatario.
Más de 40 días de conflicto
Bolivia atraviesa actualmente su día 41 de bloqueos y protestas, una situación que ha generado desabastecimiento de productos básicos, escasez de combustibles y un marcado incremento de precios, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.
Mientras el Gobierno sostiene su disposición al diálogo para encontrar una salida al conflicto, distintos sectores políticos y sociales comenzaron a plantear la posibilidad de declarar un estado de excepción ante el agravamiento de la crisis y las crecientes dificultades para garantizar el abastecimiento y la circulación en el país.
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