Tras varios meses de trabajo técnico y coordinación interinstitucional, el Gobierno de Bolivia concluyó el reglamento que endurece las sanciones contra el contrabando de alimentos. La normativa establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes sean hallados culpables de sacar productos alimenticios de forma ilegal fuera del país, especialmente aquellos que reciben subsidios estatales.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, confirmó este martes la medida al término de una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), llevada a cabo en la ciudad de Cochabamba.
Penas severas para proteger la seguridad alimentaria
“El viceministro de Lucha Contra el Contrabando (Luis Amílcar Velásquez) ha expuesto con claridad que ya tenemos la reglamentación que va a permitir sancionar a los contrabandistas con ocho o más años de cárcel”, declaró Flores. Las penas se basan en la Ley 100 de 2011, que contempla el “contrabando de exportación agravado” como un delito con castigo de entre 8 y 12 años de privación de libertad, además del decomiso de las mercancías y la confiscación de los bienes vinculados.
La medida responde a un pedido urgente de sectores productivos como el cárnico, que denuncian el constante contrabando de ganado y productos alimenticios en zonas de frontera, lo cual afecta directamente el abastecimiento interno y los precios en el mercado nacional.
La norma abarca productos subvencionados y zonas fronterizas
El nuevo reglamento especifica que será sancionada toda extracción, transporte o almacenamiento ilegal de alimentos e hidrocarburos subvencionados dentro de un radio de 50 kilómetros de las fronteras del país, en caso de que no se cumplan los requisitos legales correspondientes. También se penaliza el intento de contrabando, incluso si el delito no llega a concretarse por causas ajenas a la voluntad del implicado.
“Ya se tiene la lista de los productos que son prohibidos para el contrabando”, adelantó Flores, quien subrayó que el objetivo principal es poner fin a la impunidad de quienes reinciden en esta práctica delictiva.
Apoyo de sectores afectados
Desde Contracabol celebraron la aprobación del reglamento, al considerar que representa un paso firme en la lucha contra el contrabando a la inversa, que genera desabastecimiento y distorsiones económicas. El gremio venía exigiendo sanciones más efectivas ante el aumento de casos en centros de remate y pasos fronterizos.
Con la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno espera disuadir estas prácticas ilegales, proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales para la población boliviana.
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