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SUSCRIBITELa nueva medida migratoria afecta principalmente a naciones africanas, de Medio Oriente y el Caribe, excluye a quienes ya tienen visado y contempla excepciones estrictas
Este lunes 9 de junio entró en vigencia el nuevo veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, una medida que restringe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de 19 países, en su mayoría africanos y de Medio Oriente, pero que también incluye a naciones del Caribe, Asia y América Latina.
La proclamación presidencial, firmada la semana pasada, marca un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria estadounidense y ha generado críticas de organizaciones humanitarias y gobiernos afectados.
La Casa Blanca argumentó la semana pasada que el veto responde a “riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública”, así como a deficiencias en los sistemas de control y verificación de identidad de los países incluidos. Trump vinculó la decisión con el reciente ataque en Boulder, Colorado, perpetrado por un ciudadano egipcio que había excedido el plazo de su visa, aunque Egipto no figura en la lista de países vetados.
El gobierno sostiene que algunos de los países afectados “se han negado históricamente a recibir a sus ciudadanos deportados” y presentan altas tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visados. La medida se inscribe en una estrategia más amplia de endurecimiento de los controles fronterizos, reducción de admisiones de refugiados y refuerzo de las deportaciones.
En el caso de estos siete países, los ciudadanos no podrán solicitar visados si se encuentran fuera de Estados Unidos y no tienen uno válido. En particular, para Venezuela y Cuba, se suspenden los visados más comunes (B-1, B-2, F, M y J) y se reduce la validez de los visados de no inmigrante, alegando falta de cooperación en materia de deportaciones y control de documentos.
La medida no revoca visados previamente emitidos: quienes ya poseen un visado válido podrán ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, las nuevas solicitudes serán rechazadas salvo que cumplan con criterios de excepción estrictos, como:
La medida fue rechazada por organizaciones humanitarias y representantes de las comunidades afectadas, que la consideran discriminatoria y motivada más por razones políticas que de seguridad. Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, declaró que “esta política no trata sobre seguridad nacional, sino sobre dividir y estigmatizar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”.
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