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SUSCRIBITEAgilizan los juicios mientras aumenta la alarma internacional por Erfan Soltani, condenado a muerte. Derechos humanos y EE.UU. exigen suspender ejecuciones.
El régimen de Irán acelera los juicios contra manifestantes en medio de denuncias por ejecuciones inminentes.
El titular del Poder Judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmó que las personas detenidas durante las protestas que estallaron el 28 de diciembre serán sometidas a procesos judiciales expeditivos, según informó la televisión oficial del país.
El anuncio se produce en medio de un endurecimiento de la represión, que, según denuncias de organismos de derechos humanos, habría provocado desde cientos hasta varios miles de víctimas fatales.
La declaración también se da en un clima de alarma internacional creciente por el posible ajusticiamiento de Erfan Soltani, un manifestante sentenciado a muerte bajo la acusación de moharebeh, un delito tipificado en la legislación iraní como “guerra contra Dios”.
Durante una recorrida por un centro penitenciario, Mohseni Ejei sostuvo que, ante hechos de extrema violencia, la Justicia debe actuar sin demoras.
“Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, expresó, de acuerdo con lo difundido por la televisión estatal de Irán. En ese marco, remarcó que los tribunales están imprimiendo mayor celeridad a los expedientes de las personas arrestadas en el marco de las últimas manifestaciones.
En paralelo, los datos sobre muertos y detenidos varían de manera significativa según la fuente consultada, con marcadas diferencias entre las cifras oficiales del Gobierno iraní y las estimaciones de organismos y entidades independientes.
La organización HRANA, con base en Estados Unidos, señala que pudo confirmar 2.403 fallecimientos de manifestantes, a los que se suman 147 personas vinculadas al aparato estatal, doce menores y nueve civiles ajenos a las protestas. De acuerdo con sus registros, el saldo total asciende a 2.571 víctimas fatales desde que comenzaron las acciones represivas.
En tanto, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, estima al menos 734 muertos, aunque aclara que la cifra definitiva podría ser considerablemente mayor y llegar a varios miles.
En paralelo, un representante del Gobierno iraní admitió por primera vez de manera pública un balance general cercano a los dos mil fallecidos a raíz de los disturbios. Aun así, las autoridades sostienen que una parte sustancial de esas muertes se debe a “acciones terroristas” que, según afirman, habrían contado con respaldo externo.
La prensa internacional y distintas entidades defensoras de derechos humanos subrayaron que la represión desplegada para contener las manifestaciones alcanzó niveles inéditos de violencia.
Dentro de ese escenario, la aplicación de la pena capital pasó a ocupar un lugar clave en la estrategia oficial. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la primera ejecución estaba prevista para el 14 de enero y mencionó de manera puntual el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años. En la misma línea, Amnistía Internacional reclamó a las autoridades iraníes la suspensión inmediata de todas las ejecuciones, con especial énfasis en la situación de Soltani.
En declaraciones brindadas desde Washington a CBS News, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos responderá con extrema dureza si el régimen de Teherán avanza con ejecuciones contra los manifestantes. El mandatario sostuvo que no descarta ninguna alternativa, incluida una intervención militar, como reacción frente a la represión.
Además, informó la suspensión de contactos con representantes iraníes y anunció la aplicación de sanciones comerciales a quienes mantengan vínculos económicos con la república islámica. En ese marco, fue tajante: “Una muerte ya es demasiado”.
Las manifestaciones surgieron inicialmente como una respuesta al encarecimiento del costo de vida, aunque con el correr de los días se transformaron en una protesta abierta contra el poder político. Los choques y disturbios se extendieron por múltiples localidades del país y mantienen un nivel de tensión constante. El sistema encabezado por el líder supremo Ali Khamenei enfrenta así el mayor desafío interno desde la instauración de la República Islámica en 1979.
Otra de las estrategias adoptadas por el gobierno fue la interrupción del servicio de internet. Desde el 8 de enero, Irán atraviesa un apagón digital que, de acuerdo con la organización Netblocks, alcanzó picos de 132 horas seguidas el miércoles. Para HRANA, esta restricción en las comunicaciones complica seriamente la verificación independiente de la cantidad real de fallecidos y personas detenidas.
La reacción de la comunidad internacional frente a la ola de represión ha sido firme y tajante. El titular de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, describió los hechos como “la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán” y demandó su cese inmediato, según reportó Reuters.
Por su parte, Amnistía Internacional volvió a reclamar la suspensión de todas las ejecuciones, mientras que la diplomacia de Estados Unidos redobló la presión sobre Teherán a través de advertencias oficiales, sanciones económicas y respaldos públicos a los manifestantes.
La situación en Irán continúa marcada por la tensión y el enfrentamiento entre quienes cuestionan al gobierno y quienes lo respaldan. En este contexto, distintos actores advierten que los hechos de represión permanecerán en la memoria colectiva y podrían dejar huellas profundas en el rumbo futuro de la nación.
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