El Gobierno decidió apelar la orden del juez federal Sebastián Casanello, que exige al Ministerio de Capital Humano informar sobre las reservas de alimentos destinados a comedores sociales y disponer su distribución inmediata. La medida judicial surge tras denuncias de desabastecimiento realizadas por el dirigente social Juan Grabois.
En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó: “Respetamos la Justicia, pero utilizaremos los instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar porque creemos que esto es una cuestión de política pública y no de índole judicial. La Justicia no puede entrometerse en la política pública”.
Adorni explicó que los alimentos en cuestión son "reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes", asegurando que "ningún alimento será desperdiciado". Añadió: "Queremos demostrar que nuestro enfoque es serio y no hacemos populismo. Tenemos una política de asistencia y también mantenemos mercadería para futuras emergencias. A algunos les molesta que hayamos eliminado a los intermediarios".
La medida judicial
Esta respuesta llega después de que Casanello ordenara al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que informe sobre la cantidad de alimentos almacenados y elabore un plan de distribución considerando el tipo de alimentos, su cantidad, fecha de vencimiento y grupo destinatario, con un plazo de 72 horas para su ejecución.
La orden judicial incluye una presentación voluntaria de documentación detallada sobre el stock de alimentos en depósitos ubicados en Villa Martelli, Vicente López (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). También se requiere información sobre los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023, así como los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de los alimentos.
El juez Casanello dispuso que la Policía Federal Argentina realice la diligencia el lunes 27 de mayo a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Toda la documentación recabada deberá ser remitida en formato digital al juzgado.
Casanello subrayó la necesidad de un plan de distribución de alimentos como medida de acción positiva, recordando que el Ministerio de Capital Humano tiene competencias que incluyen la seguridad alimentaria y la asistencia a sectores vulnerables como personas con discapacidad, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
El Gobierno, por su parte, insiste en que su manejo de los alimentos almacenados es una cuestión de políticas públicas y no debe ser objeto de intervención judicial. La apelación se presentará en los próximos días.
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