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SUSCRIBITE La toma del predio en Villa Mascardi que terminó ayer con la muerte del joven Rafael Nahuel luego de un enfrentamiento con la Prefectura es parte de una "escalada de violencia" promovida por el grupo radical RAM, una virtual "declaración de guerra" al Gobierno, aseguran desde la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad.
"Esta es una escalada de violencia muy notoria. Y queda claro que los tipos quieren pelear", coincidieron en lenguaje llano un funcionario que responde a Bullrich. En Seguridad relacionan la toma del predio en Villa Mascardi que terminó a los tiros con una bomba desactivada en el Rincón de Milberg, en Tigre, y los piedrazos contra la Casa de Río Negro en Buenos Aires, ambos ataques perpetrados en las últimas horas.
Mientras seguían las alternativas del caso, desde la Casa Rosada se mostraban ayer precavidos y aseguraban que el juez de la causa "determinará responsabilidades".
La versión de Prefectura
De todos modos, en el Ministerio de Seguridad tomaban como válido el relato que la patrulla de cuatro miembros del grupo Albatros de la Prefectura hizo del encontronazo con un grupo de entre 10 y 20 personas, que usurpaban el predio desalojado días atrás y que presuntamente pertenecían a la RAM, que encabeza Jones Huala, hoy detenido y a punto de ser extraditado a Chile.
"Hubo un grupo que lanzó piedras, con máscaras de gas y banderas, se los repelió con armas no letales y bombas de estruendo, pero empezaron a rodear a la patrulla. Intentaban escapar del ataque de los atacantes, que usaban armas de fuego", resumían cerca de Bullrich.
"No se trató de un grupo de protesta, sino de una metodología de violencia armada, inadmisible en la democracia y el Estado de derecho", afirmó el Ministerio de Seguridad al promediar la tarde, y a través de un comunicado. "Estaban autorizados a disparar", agregaron desde el mismo ministerio en estricto off the record.
De todos modos, y tal como ocurrió en el caso Maldonado con la Gendarmería, la Prefectura fue desafectada de la zona y de la investigación, que quedó a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, indica La Nación.
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