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SUSCRIBITEEl Ministerio de Justicia solicitó el cese de la medida que mantiene a Milagro Sala con prisión domiciliaria desde 2017 y defendió la posición del Estado.
Milagro Sala.
El Ministerio de Justicia de la Nación difundió un comunicado oficial en el que informó que reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pedido para que se deje sin efecto la medida que mantiene a Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017. El planteo busca que la dirigente social cumpla su condena de manera efectiva en un establecimiento penitenciario.
Según el texto difundido con fecha 5 de febrero de 2026, la Subsecretaría de Derechos Humanos señaló que la solicitud se realizó “para que su prisión sea efectiva y termine de cumplir su condena tras las rejas”, en el marco de la segunda revisión del caso ante el sistema interamericano.
Desde el organismo remarcaron que la presentación se efectuó en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país y en defensa de las decisiones adoptadas por la Justicia argentina.
En el comunicado, el Ministerio de Justicia sostuvo que Milagro Sala, exlegisladora jujeña y referente de la organización barrial Túpac Amaru, “debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes”.
El texto oficial remarcó que Sala “registra una condena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas”.
En ese sentido, el Gobierno afirmó que la medida dispuesta por el sistema interamericano “mantiene a Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017”, situación que considera incompatible con el cumplimiento efectivo de la pena.
Otro de los puntos centrales del comunicado fue el rechazo a las denuncias formuladas por la defensa de la dirigente social. Según el Ministerio, “el Estado argentino rechazó las alegaciones de ‘hostigamiento judicial’ formuladas por la defensa y acompañó documentación sobre la situación actual”.
En ese marco, el texto sostuvo que la evidencia presentada “da cuenta de un hecho objetivo: Milagro Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez”.
De acuerdo con el comunicado, esa situación “activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal”.
El Ministerio de Justicia también cuestionó la interpretación de esas medidas por parte de la defensa. “Presentar esas medidas como ‘hostigamiento’ busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”, expresó el texto oficial.
Asimismo, el comunicado afirmó que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y que la medida dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
En el cierre del documento, el Gobierno sostuvo que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad”.
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