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SUSCRIBITESturzenegger impulsó las evaluaciones para reformar el empleo público. Los resultados muestran un alto nivel de aprobación entre los empleados públicos.
El Gobierno tomó más de 45.000 exámenes de idoneidad a empleados públicos y solo desaprobó el 6%.
El Gobierno difundió los resultados de la Evaluación Integral de Saberes y Habilidades dirigida al personal de la Administración Pública Nacional. De acuerdo con cifras oficiales, ya se realizaron 45.889 exámenes a empleados públicos, y únicamente el 6% no alcanzó el nivel requerido.
La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Según lo dispuesto, quienes aspiren a regularizar su situación contractual deberán superar esta instancia, cuyo objetivo es verificar que cuenten con las capacidades necesarias para el puesto.
Según los datos difundidos por el Gobierno, se lograron 43.047 aprobaciones, mientras que 2842 pruebas no superaron el umbral mínimo exigido. Es importante señalar que cada trabajador dispone de hasta tres instancias para rendir, por lo tanto, las cifras corresponden a evaluaciones totales y no al número de personas distintas evaluadas.
El relevamiento incluye un desglose por cartera ministerial y entidad estatal. En total, más de un centenar de organismos oficiales —incluyendo ministerios, entes autárquicos, institutos nacionales, compañías del Estado y organismos independientes— participaron del proceso.
Las áreas que más evaluaciones concentraron fueron:
En contraste, hubo áreas del Estado que lograron un desempeño impecable. La totalidad de los agentes evaluados de la Secretaría de Cultura (22 personas) superaron satisfactoriamente la prueba. También registraron puntajes perfectos la Agencia de Seguridad Nuclear, el Banco Nacional de Datos Genéticos y diversos institutos con planteles reducidos.
Entre las áreas con porcentajes más altos de desaprobación aparecen:
Profesionalizar la función pública
Desde la cartera de Desregulación enfatizaron que la finalidad de estas evaluaciones no radica en “recortar por recortar”, sino en elevar el nivel profesional del empleo estatal y limitar la arbitrariedad en la asignación de puestos. “Buscamos asegurar que quienes ocupan cargos lo hagan por mérito y capacidad, no por vínculos políticos ni acomodos heredados”, señalaron voceros gubernamentales.
La prueba tiene como propósito medir tanto saberes específicos como habilidades amplias vinculadas al funcionamiento estatal. Entre los aspectos evaluados se encuentran la redacción formal, la interpretación de normativas legales, la capacidad analítica ante situaciones problemáticas y el enfoque en la atención ciudadana. Aunque los contenidos varían según el perfil del cargo, el criterio de evaluación es integral y abarca diferentes áreas funcionales.
Con los resultados obtenidos, el Ejecutivo podrá dar continuidad a los procesos de regularización laboral actualmente en marcha, sustentándose en parámetros medibles y no discrecionales. Al mismo tiempo, se están considerando acciones complementarias, como inspecciones internas, reorganización de estructuras administrativas y ajustes en la planta de personal de acuerdo a los requerimientos reales de cada área.
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