Cinco gendarmes fueron detenidos como responsables de la desaparición de más de 15 kilos de cocaína.
Cinco miembros de la gendarmería fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en la desaparición de más de 15 kilogramos de cocaína que habían sido incautados en el marco de una investigación y se encontraban resguardados en un almacén judicial perteneciente al Escuadrón 63, situado en la localidad de Zárate en la provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes del sistema judicial este lunes.
Los arrestos, que involucraron al responsable del almacén y a los expertos y funcionarios del equipo de análisis forense, ocurrieron después de una operación de búsqueda y registro autorizada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, bajo la supervisión del juez Adrián González Charvay. Durante este operativo, se identificó la sustracción y desaparición de 15 paquetes de cocaína de gran pureza.
Este operativo tuvo lugar en los recintos que componen el Escuadrón 63 de la Gendarmería Nacional, conocido como "Zárate-Brazo Largo," situado en la avenida Costanera Sur, a escasos metros del Peaje de Zárate. Se llevó a cabo en respuesta a dos informes anónimos presentados por miembros del propio cuerpo de seguridad.
Las dos denuncias, tramitadas en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, señalaban la desaparición de drogas que habían sido incautadas en el contexto de un procedimiento legal previo.
Asimismo, los informes sostenían que varios funcionarios tenían la intención de “ocultar esta situación hasta que se produjera la destrucción de los narcóticos”.
En esa situación, participaron en la diligencia funcionarios de la Superintendencia de Estupefacientes de la Policía Federal (PFA), quienes constataron que el almacén, que debía albergar 26 kilogramos de cocaína, únicamente disponía de 10.
Debido a esta situación, las autoridades tomaron la decisión de arrestar a cinco miembros de la Gendarmería Nacional, quienes serán interrogados en la sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, mañana, bajo la supervisión del fiscal federal Sebastián Bringas y el juez Charvay.
“Todavía estamos trabajando para determinar quién de los individualizados pudo haber sustraído el material para introducirlo en la cadena de tráfico”, manifestó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente.
Asimismo, otro portavoz declaró que los cargos que se imputarán a los gendarmes estarán relacionados con su negligencia deliberada en la preservación de la evidencia que se les había encomendado conservar y con la omisión de presentar las denuncias adecuadas al constatar la ausencia de estupefacientes.
Por otro lado, el fiscal Bringas solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación la protección física y personal de los denunciantes y sus familias, al tiempo que requirió que la custodia del depósito judicial sea encomendada a la Prefectura Naval (PNA).
Paralelamente, la Dirección de Asuntos Internos de la Gendarmería Nacional se hizo cargo de llevar a cabo una investigación de rutina en relación a las acciones administrativas del personal de la institución que posiblemente esté implicado en este asunto.
Inicialmente, los 26 kilogramos de cocaína que originalmente estaban bajo la responsabilidad de los gendarmes habían sido confiscados el 23 de junio pasado por miembros de la Sección Seguridad Vial Lima en el transcurso de un control de carretera de rutina en la Ruta Nacional 9.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas, la sustancia ilícita decomisada estaba oculta en el interior de un vehículo de carga general, y un perro entrenado detectó con éxito cinco paquetes sospechosos provenientes de la ciudad de Orán, ubicada en la provincia de Salta.
Posteriormente, los expertos realizaron el recuento y encontraron un total de 25 envoltorios que albergaban cocaína de alta calidad, con un peso acumulado de 26.730 kilogramos.
Según las imágenes obtenidas durante la operación, la sustancia ilícita presentaba el distintivo del delfín, que era el sello característico utilizado por el narcotraficante condenado Delfín Castedo, actualmente privado de libertad junto a su hermano Raúl Castedo, quienes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Ezeiza.
Luego, las autoridades organizaron una operación controlada para la entrega de los envíos interceptados, lo que resultó en la aprehensión de dos individuos que se presentaron para recoger los paquetes.
En la actualidad, los dos arrestados en este caso enfrentan una medida judicial de procesamiento con detención preventiva, después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificara la decisión del sistema de justicia federal.
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