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SUSCRIBITELa Resistencia Ancestral Mapuche fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.
El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM.
Luego de los destructivos incendios en los bosques de la Patagonia, ubicados en las provincias de Chubut y Río Negro, el gobierno de Javier Milei oficializó hoy la designación de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como grupo terrorista, incluyéndola en el listado público que agrupa a individuos y colectivos señalados por actos de esa naturaleza.
La resolución se dio a conocer poco después de que Facundo Jones Huala, líder de la RAM, hiciera una declaración controvertida que desató una amplia condena, además de generar denuncias ante los tribunales. "Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes".
A través de una disposición del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, se resolvió, en cuatro artículos, “declarar reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“. También se determinó que la Cancillería debe intervenir para confirmar que se ajusta a la legislación vigente, dado que los datos y la información serán compartidos con otros países.
Este registro incluye a grupos de terrorismo islámico como Hezbollah, Hamas, Al Qaeda, el Talibán, la Jihad Islámica y ISIS, así como a los individuos buscados por su participación en el ataque a la AMIA con órdenes de captura internacional.
El RePET, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, tiene como propósito facilitar el acceso e intercambio de información acerca de personas y organizaciones vinculadas con actos de terrorismo o su financiamiento, fomentando la colaboración tanto a nivel nacional como internacional.
La resolución publicada en el Boletín Oficial explica que, durante más de diez años, la RAM llevó a cabo una serie de actos violentos en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, ubicadas en el sur del país. Entre los incidentes más relevantes se incluyen incendios deliberados que destruyeron bosques centenarios, asaltos a viviendas, comercios y vehículos, además de agresiones directas a individuos.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Nacional, los responsables de estos actos han sido reconocidos públicamente por los líderes de la organización, como es el caso de Jones Huala, quien recientemente aceptó que el uso del fuego es una estrategia para ejercer presión.
La resolución también menciona que la RAM trabaja en conjunto con otras facciones que, aunque operan bajo diferentes denominaciones, comparten metas comunes y siguen una estructura organizada. El informe indica que estas acciones tienen como fin "sembrar el terror y presionar a las autoridades”, y se alinean con los criterios establecidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación Argentina, que establece penas más severas para los delitos perpetrados con fines terroristas.
La resolución que establece la inclusión de la RAM en el RePET se fundamenta, según lo expuesto en el documento oficial, en los compromisos que Argentina adquirió en el marco de varios acuerdos internacionales. Entre estos se encuentran la Convención Internacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana sobre Terrorismo, las cuales instan a los países a implementar sistemas legales y administrativos destinados a prevenir y luchar contra el terrorismo y su financiamiento.
De igual manera, el país adoptó disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1373 (2001), que obliga a los gobiernos a bloquear los fondos de individuos y organizaciones relacionadas con el terrorismo.
En los argumentos presentados, se subrayó que la anulación del decreto que declaraba la emergencia en territorios indígenas - y que permitía los desalojos- “ha contribuido al aumento de los conflictos en la región”. Esta legislación, que durante 18 años impidió el desalojo de tierras ocupadas de forma ilegal, dejó un vacío normativo que, según el Ministerio de Seguridad, ha sido aprovechado por la RAM para incrementar sus acciones.
Según el Gobierno, desde esa fecha los incendios en los bosques del sur de Argentina tuvieron un incremento notable, y en diversas ocasiones se ha demostrado que fueron originados deliberadamente.
El Ministerio de Seguridad destacó que la delincuencia organizada constituye un riesgo significativo para la estabilidad del país y el bienestar público, lo cual requiere medidas inmediatas y firmes. En este marco, la inclusión de la RAM en el RePET tiene como objetivo frenar cualquier fuente de financiamiento que respalde sus acciones.
Asimismo, se subraya la relevancia de la cooperación y el intercambio de datos entre las diferentes entidades del Estado y organismos internacionales, con el fin de crear estrategias más eficaces para prevenir, investigar y penalizar estos crímenes.
La resolución también enfatiza la urgencia de mejorar la distribución de recursos y aumentar la efectividad de las investigaciones sobre el crimen organizado. De acuerdo con el Ministerio, la magnitud y complejidad de las actividades delictivas asociadas a estas agrupaciones requieren un trabajo conjunto a nivel nacional.
“Es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines”, estableció la resolución. Y concluyó: “La colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
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