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SUSCRIBITE El fiscal Luciani acusó a Cristina Kirchner y su marido de crear una asociación ilícita.
Esta mañana el fiscal Diego Luciani dio sus alegatos en el juicio por presunta corrupción en la obra pública, afirmando que existió una asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner.
La audiencia comenzó cerca de las 8:27 de la mañana de forma virtual y con la vicepresidenta conectada desde el Senador de la Nación. También estaban conectados Julio De Vido, José López y Lázaro Báez.
Tras más de 8 horas de alegatos, pidió un cuarto intermedio que fue aceptado por el Tribunal. El juicio continuará mañana a partir de las 8:30 de la mañana.
El fiscal indicó que durante sus gobiernos, Néstor y Cristina Kirchner "montaron un auténtico y eficaz sistema de corrupción, provocando una defraudación millonaria a las arcas públicas".
"Funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita con Lázaro Báez como socio comercial de Néstor Kirchner y su esposa, provocando un perjuicio económico y social inconmensurable", agregó.
“Las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios”, dijo Luciani y subrayó que "la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez era una ficción”.
“Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”, afirmó.
“Los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder, conocían el funcionamiento y tenían el poder de decidir”, dijo el fiscal y destacó que además manejaron “los organismos de control”.
El fiscal hizo especial hincapié en “la decisión de favorecer a Santa Cruz en el reparto de la obra pública pese a su baja densidad poblacional, en contra de los criterios de razonabilidad que deben regir las contrataciones administrativas”.
Destacó que Santa Cruz tiene una población 57 veces más chica que la de la provincia de Buenos Aires y “recibió fondos cuantiosamente superiores”.
Según explicó Luciani, al día siguiente que el Gobierno perdiera las elecciones, “Julio De Vido incrementa el presupuesto para obras por convenio y a los dos días se emitieron resoluciones aprobando los pagos por redeterminación de precios”.
“Los tiempos apremiaban, debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre tal como surge de los siguientes mensajes de texto enviados por López a Mendoza”, señaló Luciani y añadió: “Debía implementarse el plan de salida de las empresas del grupo en Santa Cruz no solo despidiendo a todo el personal sino también cobrando los últimos certificados de pagos que faltaban”.
“¿Cuándo se vio que un empresario abandonara un sin número de contratos en ejecución por la mera circunstancia de que se produjera un cambio de Gobierno? Es grotesco”, consideró el fiscal Luciani.
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